A principios de año, eran los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil– quienes salían a la calle a clamar por la equiparación salarial, una reivindicación que aún mantienen. Ahora, cuando el 2018 toca a su fin, la historia se repite, siendo los funcionarios de prisiones los que han tomado el relevo de forma activa en la materia.

El colectivo se concentró ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada como colofón, al menos provisional, a los seis días de huelga –cuatro de ellos consecutivos– que han llevado a cabo. ¿El motivo? La “dejadez” institucional que recibe el colectivo, que se encendió aún más con la retirada a finales de septiembre de una moción en la que se anunciaba una propuesta retributiva de 122 millones de euros.

El pasado 25 de septiembre, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Luis Ortiz, presentó una moción en la que se planteaba un incremento retributivo en el complemento específico de aproximadamente 375 euros de media por trabajador para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

72 horas más tarde del anuncio, la propuesta era retirada al alegarse que “no tenía el visto bueno de Hacienda”. Sin embargo, sí se mantuvo una partida presupuestaria de “700 millones de euros” para los Mossos d’Esquadra, lo que suponía un “gran agravio y desigualdad” con el sector, según denunciaron los funcionarios de prisiones.

Además de ello, el colectivo viene sufriendo “falta de voluntad de negociación” por parte del Gobierno, lo que los obligó a convocar un total de seis jornadas de huelga general, secundada por todas las plataformas sindicales –CSIF, ACAIP, CCOO y UGT–, que comenzaron el 24 de octubre y que en Granada han contado con un seguimiento del 95% del sector. 

Un centenar de funcionarios de prisiones se concentró ayer frente a la Subdelegación del Gobierno

Desde el pasado sábado, los funcionarios de prisiones han mantenido un parón consecutivo en el que su reivindicación, que el lunes se manifestó públicamente frente al CIS Matilde Cantos, junto la portada de la antigua prisión provincial, ayer se trasladó hasta la Gran Vía de la capital granadina, frente a la puerta de la Subdelegación del Gobierno.

Con bengalas de humo, petardos y bajo gritos de “dimisión” hacia el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en torno a un centenar de trabajadores tomaron la calle para exigir “algo tan simple como que el Gobierno se siente a negociar”. Así lo indicó el secretario de la Junta de Personal de la Administración General del Estado y responsable del sector de CSIF Granada, Francisco Amaya, que tildó de “éxito” la participación a la huelga.

El secretario de la Junta de Personal, Francisco Amaya

“Somos un colectivo que está bastante vilipendiado por parte de la Administración”, indicó Amaya, que denunció que de los 540 trabajadores –tanto personal laboral como funcionarios– repartidos entre el Centro Penitenciario de Albolote y el CIS Matilde Cantos, faltan 84 funcionarios en plantilla para puestos de vigilancia.

Esta huelga general, “la primera legal que se desarrolla en el sector” según Amaya, culminó a las diez de la noche del martes, momento en el que empezaron las “72 horas de reflexión dadas al Gobierno para que se siente a negociar”.

Entre las reivindicaciones del colectivo se encuentra “la equiparación salarial con compañeros de otras prisiones que están cobrando esa cantidad” –el incremento de 375 euros–, según explicó el representante de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), Wenceslao Marbán.

El representate de ACAIP, Wenceslao Marbán

A tenor de ello, Marbán indicó que “la peligrosidad en todas las cárceles es la misma: tenemos una agresión diaria, entonces estamos pidiendo también un aumento de personal porque estas agresiones también se deben a esa falta”.

De momento, hoy se cumplen 48 de las 72 horas de plazo que han dado al Gobierno desde el colectivo, por lo que habrá que esperar a mañana para conocer si finalmente se produce la “voluntad” de negociar o si los funcionarios de prisiones se ven abocados a “recrudecer medidas” para que sean escuchados.