Un protocolo para valorar a las víctimas de violencia de género en menos de 24 horas. El acuerdo para agilizar este proceso fue desvelado por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada y de la comisión de coordinación contra la violencia de género, José Luis López Fuentes.

El protocolo lleva en funcionamiento desde el mes de octubre y fue suscrito esta mañana también por la directora del Instituto de Medicina Legal de Granada, Nieves Montero de Espinosa, junto con la fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer, Susana Vega, y las magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 1 y 2 de Granada, Cristina Cueto y Aurora González.

En declaraciones a los periodistas, con motivo de la presentación del protocolo, José Luis López Fuentes indicó que se trata de un proyecto "pionero en España" y "positivo en el avance en la prevención de la violencia de género".

Por su parte, Montero de Espinosa dijo que era una reivindicación "largamente pedida" por fiscal y magistradas para la actuación de los médicos forenses, partiendo de la base de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya siguen un protocolo, y que, en los casos urgentes, ya podía haber procedimientos de valoración que se cerraran en menos de 72 horas.

Todo ello se complementa ahora con las denominadas entrevistas semiestructuradas psiquiátricas, con criterios científicos y técnicos, tanto a la denunciante como al denunciado, de tal modo que se puedan tomar medidas de urgencia dependiendo de los casos.

Se llevan a cabo en el día de la guardia del médico de las denominadas Unidades de Valoración Forense Integral, y van dirigidas sobre todo a cubrir los casos de "especial relevancia" como son los que "de riesgo extremo alto" o con menores, y teniendo en cuenta también criterios sociales.

Según consta en el protocolo, el juzgado citaría a ambas partes separadamente para que sean reconocidas por el médico forense de guardia, con puesta a su disposición del atestado completo. Con base a este protocolo, se pueden introducir valoraciones que lleven a plantearse el uso de dispositivos de control por GPS, o incluso la prisión.