El caso de la Policía Local, protagonista del pleno del Ayuntamiento de Granada sin estar en el orden del día

El orden del día del pleno mensual de febrero no incluía ningún punto sobre la Policía Local después de la entrada de la UDEF hace una semana en dependencias del Ayuntamiento (Huerta del Rasillo y Mondragones) en la investigación abierta en el juzgado de instrucción 4 sobre posibles amaños en oposiciones a Policía Local en Granada y otros municipios y después de seguir saliendo a la luz audios que implican al exjefe policial y la cúpula del cuerpo en otros asuntos como quitar multas.

Pero este asunto se convirtió en protagonista del Pleno al anunciar el PSOE que había registrado por la mañana una solicitud para que se convoque un pleno extraordinario "y se ponga negro sobre blanco lo que ha ocurrido". Lo defendió el viceportavoz socialista Jacobo Calvo, en la primera intervención del grupo en el pleno en el punto que debatía la nueva ordenanza de la Edificación, aludiendo a una cuestión de orden.

"Echamos en falta dar cuenta de los asuntos ocurridos en la Policía Local y de la entrada de la UDEF en el Ayuntamiento. No sabemos nada más allá de su actitud y postura para ponerse de perfil. Nosotros traímos los Goya y ustedes han vuelto a traer a la UDEF. El exjefe de la Policía Local ha dimitido o lo han echado, porque es un puesto de libre designación, e Instrucción 4 estudia el caso, bajo secreto de sumario. Necesitamos de primera mano conocer la información. Y además conocemos otros audios del ya caso multas", dijo Calvo al pleno.

La alcaldesa pidió al principio que se ajustara a los asuntos del orden del día pero al final terminaron hablando todos sobre el asunto. "Entiendo que esté incómoda pero tiene que asumir el planteamiento que este grupo le hace. Lo hemos hecho por activa y por pasiva para que lleve todas las grabaciones al juzgado, cuenten con nosotros, sean honestos y transparentes. Y no nos queda más remedio que traer este asunto al pleno y exigir un ejercicio de limpieza y transparencia. Esperemos que sea admitido porque hablamos de presuntos amaños en oposiciones y un caso multas".

Pasadas las 14:00 horas, el Ayuntamiento daba a conocer la fecha del pleno extraordinario: el próximo 12 de marzo, cumpliendo así con la normativa que fija que, si se acepta el pleno extraordinario no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde este 26 de febrero en que se ha presentado el escrito.

Al mismo tiempo, desde el Consistorio se ha anunciado que el próximo 26 de marzo, se celebrará el pleno extraordinario para el Debate de Estado de la Ciudad de Granada, para evaluar y debatir los asuntos de gestión municipal, un pleno "no celebrado desde febrero de 2021 en el Ayuntamiento" matizan desde el equipo de Gobierno.

Carazo no se posicionó sobre la petición pero sí el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, que ha defendido que han sido transparentes y han colaborado con la justicia personándose, mandando información al juzgado y con un proceso interno para depurar si hubiera responsabilidades. Y aprovechó también para meter el asunto en el debate y la refriega política: "Ustedes no están en condiciones de dar lecciones. No tenemos tenemos problema en celebrar un pleno o diez pero dar lecciones representantes de un partido que ha dejado la saga de Torrente corta, el partido de Ábalos, Koldo y el Tito Berni, que den lecciones de honestidad con lo que vemos cada día sobre los dirigentes del partido socialista y especialmente en Andalcía".

Saavedra dijo que no tienen problema en debatir pero también se quitó responsabilidad en los procesos de oposiciones investigados. "En 2021 se archivó una denuncia, qué hicieron ustedes. El proceso que se investiga de 2019 no participamos, ustedes tuvieron una parte de gobierno. EL otrto de 2022 le pido a la señora Ruz que comparezca ella. Quien tiene que comparecer será Cuenca, Ruz y Calvo porque se investigan procesos de cuando no estábamos aquí. Que comparezcan todos".

El PSOE le ha acusado en su réplica de mentir porque en 2019 ellos dejaron el proceso de oposiciones convocado pero luego llegó el bipartito PP-Cs y cambió el tribunal de oposiciones. También le ha recordado que lo que se ha sabido de retirada de multas y actitud del jefe policial que se ha visto envuelto en los dos casos, Jiménez Avilés, es sobre el jefe de confianza del PP en tiempos de Torres Hurtado, César Díaz y Marifrán Carazo.

Saavedra dice que no tienen "ningún problema en que se investiguen todas las multas" y terminó acusando al PSOE de no querer que se investigue. "Ustedes lo que quieren es el espectáculo, quieren el show porque la investigación ya se lleva a cabo en el juzgado. Dejen tranquila a la justicia porque el PSOE siempre quiere ser el juez".

Vox también se terminó posicionando tras las dos cuestiones de orden lamentando el "y tú más" al que recurren PSOE y PP. "Los dos partidos tienen mucho que callar en temas de corrupción. Estamos de acuerdo con el PSOE en que la ciudad se merece un pleno extraordinario para que la ciudadanía sepa lo que está pasando porque son noticias graves que dañan la imagen de la Policía Local. El asunto está judicializado pero no se han depurado responsabilidades políticas. Esto colea de antes de 2019 y siempre hemos reclamado transparencia y contundencia para preservar la imagen de la Policía Local", ha dicho la concejala Mónica Rodríguez.

El texto de la petición de pleno extraordinario

En el texto de esa solicitud de pleno extraordinario, el PSOE denuncia que el exjefe policial "adquirió un control sin precedentes en este Ayuntamiento con la connivencia de su gobierno", extendiéndose los hechos bajo sospecha "al control y custodia de la cadena de mando relacionada con la imposición de multas cuya gestión ha sido retirada a los agentes de la policía que la venían haciendo desde hace años", añaden, calificándolo de un "gesto de oscurantismo sin precedentes en la ciudad y que confirma las dudas razonables sobre el altocargo policial relevado y sobre las decisiones del equipo de gobierno en este ámbito".

En base a esto, proponen al Pleno cuatro acuerdos. El primero es exigir a la alcaldesa que ofrezca información sobre los hechos producidos. Además, "devolver a los agentes de la Policía Local el acceso a la herramienta digital que hasta ahora permitía hacer el seguimiento y custodia de las saciones impuestas así como verificar la trazabilidad de las multas, acceso que se retiró sospechosamente de un plumado, hecho inédito en el Ayuntamiento de Granada que ha hecho saltar todas las alarmas por la falta de transparencia y oscurantismo con el que se está guiando el gobierno de Carazo".

También instan a la alcaldesa a poner a diposición de la Fiscalía los audios sobre la retirada de multas y exigen las responsabilidades políticas derivadas de los hechos "ante la evidencia de que los concejales responsables de Seguridad Ciudadana y Personal han sido conocedores de los hechos y habían sido advertidos por los sindicatos desde hace meses, denuncias que han sido silenciadas, ninguneadas y obviadas".

Un pleno bronco en las mociones de los grupos

El resto del pleno mensual de febrero ha sido un pleno bronco, entre los partidos y también con público que ha querido manifestar su opinión contraria al problema que Vox, con el apoyo del PP, ha transmitido sobre la okupación en Granada.

Como punto principal del pleno se trató la nueva Ordenanza de la Edificación que unifica ordenanzas y no se actualizaba desde hace 24 años y en la que Urbanismo lleva trabajando desde hace año y medio. Una nueva ordenanza que ha obtenido el voto a favor del PP y la abstención de PSOE y Vox.

El punto para la creación del nuevo consorcio para la gestión de la Capitalidad Cultural requería mayoría absoluta y la ha tenido, así como la integración del Ayuntamiento en Granada Global.

Y la unanimidad en el Pleno se quedó ahí. Con las mociones llegó el debate bronco al Salón de Plenos, que vivió de nuevo una situación anormal de cara al próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, con dos mociones, una de PP y otra de PSOE, sobre el 8M al no haber sido posible el acuerdo y mucho menos convertirlo, otro año más como desde que está Vox como grupo municipal, una declaración institucional. De hecho, Vox ha votado en contra de las dos mociones. El PSOE ha apoyado la del PP pero los populares no han dado su apoyo al texto de los socialistas.

Y después llegó al pleno la política nacional. Una moción del PP generó un debate entre los grupos con un protagonista: Pedro Sánchez. Los populares metieron en el pleno una moción en defensa del estado de derecho, de la independencia del Poder Judicial y contra la impunidad, hablando directamente en el salón de plenos de la plaza del Carmen de política nacional, del presidente del gobierno y hasta de su mujer. Una moción y unas acusaciones que levantaron la réplica y las interrupciones del PSOE, que les acusó de "traer mocionees que nada tienen que ver con Granada y los problemas que afectan a la ciudad", hablando también de la ley de Amnistía, Miguel Ángel Rodríguez o el bloqueo del CGPJ y hasta de Trump o los colectivos Hazte Oir y Manos Limpias. Con la mayoría absoluta del PP ha sacado adelante todas sus mociones, también la de pedir el mismo acuerdo al que ha llegado el Gobierno con Jaén para resolver la sitaución económico-financiera de entidades locales en especial dificultad o la de instar al Gobierno de la Nación a que incremente la financiación de los centros universitarios de Ceuta y Melilla dependientes de la UGR.

El PSOE no ha conseguido en este pleno sacar adelante ninguna de las tres mociones que presentaba, ni la del 8M, ni la del bono de alquiler joven ni la que pedía una orientación metropolitana de la participación en la convocatoria de Fondos EDIL.

Sí se aprobó una moción de Vox para combatir la "okupación" ilegal de viviendas en Granada, que ha contado con el voto a favor del PP y en contra del PSOE. Una moción que generó también bronca y no solo política ya que tras su debate un grupo de personas presentes en el pleno se han manifestado en contra de considerar la okupación como un problema grave de Granada manifestando que los okupas "no son delincuentes" y se les está criminalizando. Un momento de tensión en el que la alcaldesa ha tenido que insistir en cumplir el reglamento que impide hacer manifestaciones en el Pleno por parte de los asistentes. Algo que ha tenido que recorar en varias ocasiones durante todo el pleno ante interrupciones constantes.