Sentencia

La rama granadina de los ERE: un pellizco para acabar con la huelga de limpieza recogido en la sentencia

  • La sentencia incluye entre los hechos probados que FCC y Cespa recibieron fondos que en realidad iban destinados a subir el salario de sus trabajadores

  • En la pieza separada acaba de ser procesado el ex delegado de Empleo, Luis Rubiales. 

El juez procesa a Rubiales, ex delegado de Empleo, en una pieza de los ERE El juez procesa a Rubiales, ex delegado de Empleo, en una pieza de los ERE

El juez procesa a Rubiales, ex delegado de Empleo, en una pieza de los ERE

El caso de los ERE investigado en un juzgado de Sevilla también tiene una rama granadina, cuya columna vertebral ha quedado acreditada con la sentencia sobre el llamado “procedimiento específico”. Los magistrados han incluido entre los hechos probados que parte del dinero público fue destinado a acabar con el conflicto laboral que mantenían los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia de Granada con las empresas que prestaban ese servicio.

Entre los hechos probados establecidos por la Audiencia de Sevilla en su sentencia, aparecen las ayudas concedidas por la Dirección General del Trabajo y Seguridad Social de la Junta a las entidades privadas Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre los años 2006 y 2007. Pero esas ayudas se camuflaron a través de la financiación de pólizas de seguro.

Los magistrados reproducen las conclusiones del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que corroboraba la “financiación de parte de las subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC, S.A., FCC Medio Ambiente, S.A., y CESPA, S.A., como consecuencia de la suscripción del convenio colectivo en 2006, que puso fin a la conflictividad laboral de la limpieza pública de Granada”. Esto ocurrió después de más de un mes de huelga que finalizó con unas mejoras salariales que al final corrieron a cargo de la Junta de Andalucía. El dinero salió del programa 31L, cuyos fondos "se emplearon en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo".

“El pago de estas cantidades se realizó mediante la suscripción de pólizas de seguros, figurando la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social como tomadora, y beneficiarios, las mercantiles CESPA, S.A. y FCC Medio Ambiente, S.A., habiendo percibido, cada una de ellas, las cantidades de 276.222,24 euros”, según aparece en la sentencia entre otros desvíos de dinero mediante procedimientos que eludían el control de la Intervención de la Junta.

Este asunto relacionado con el conflicto de la limpieza en Granada es objeto también de una pieza separada específica, que se encuentra en fase intermedia, previa a la celebración de un posible juicio. Hace menos de 15 días, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dio un paso adelante y dictó un auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra 9 personas, entre las que están el ex delegado de Empleo de la Junta en Granada, el motrileño Luis Manuel Rubiales, y una representante de CCOO-A.

La sentencia actual viene a establecer la ilicitud del procedimiento habilitado por la Junta de Andalucía durante aquellos años para conceder ayudas sin el control legal requerido. La de las empresas de limpieza en Granada sería una de ellas, tal y como queda recogido en la resolución judicial. Pero será la pieza separada sobre ese asunto (una de las muchas que hay abiertas) la que establezca las posibles responsabilidades concretas de aquellos que intervinieron para poner fin al conflicto laboral de las empresas privadas que prestaban el servicio de limpieza.

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