La historia se repite cada año pero en esta ocasión para Educación pintan bastos. A pesar de que el proceso de escolarización aún no ha terminado y Educación asegura que está intentando ajustar todas las peticiones a la demanda ofertada en los centros, ya han surgido las primeras voces críticas que desde hoy se van a materializar en quejas y reclamaciones formales ante la Delegación de Educación.

La situación de merma de líneas y de profesores debido a los recortes impuestos por el Gobierno Central afectará de manera generalizada a todos los centros educativos -aunque aún no se han materializado-, razón por la que en algunos colegios e IES, los padres ya se han puesto manos a la obra como es el caso de los afectados para entrar en el IES Soto de Rojas.

Por ahora, según denuncian los propios padres, se prevé que los hijos de 35 familias se vean perjudicados directamente y tengan que optar por otros centros como es el caso del Bola de Oro o el Zaidín Vergeles, algo que no les satisface completamente por causas diferentes.

Los padres, que ayer mantuvieron una reunión, independientemente de que no estén de acuerdo con los criterios de baremación (ya que, por ejemplo, se puntúa más por los hermanos que hay en centros adscritos al instituto que por la cercanía) piden que no se retire la línea educativa que deja fuera a los alumnos. "No es la primera vez que ocurre, es una zona con mucha demanda que requiere unidades por eso nuestro único objetivo es que Educación respete esta petición", expone María de los Ángeles Illescas, una de las madres afectadas.

Por su parte, desde la delegación se quiere mandar un mensaje de tranquilidad y aseguran que, por momento, están siguiendo los principios de escolarización que han seguido en los últimos años. "Otra cosa distinta son las consecuencias que pueda tener la aplicación del mismo pero, insistimos, que nuestra intención es minimizar daños", explican. Tanto es así que adelantan que en el Soto de Rojas la unidad que necesitan la van a poner.

Asimismo, aseguran que ya que el proceso no ha terminado aún, se comprometen a estudiar los casos de manera individualizada por centros. Es decir, "si vemos que hay demanda en un distrito educativo y en otro no se termina de completar, se estudiaría el tema de la movilidad y la creación de líneas para ajustar las peticiones".

En cualquier caso, por el momento, Educación mantiene que el 94% de las solicitudes se han cerrado con éxito y que sólo el 6% ha quedado para la segunda o tercera opción, posibilidades que siguen sin ser definitivas y que pueden estudiarse.

Desde un prisma muy distinto ven la situación dos de los sindicatos más potentes en el mundo educativo, ANPE y Ustea. Ayer ambos denunciaron de manera independiente que el aumento de las ratios de alumnado que propone aplicar el Ministerio de Educación a partir del próximo curso en la enseñanza pública va a provocar un colapso en las aulas y un hacinamiento de los estudiantes.

Las ratios en las aulas públicas granadinas, que constituyen casi el 80% de la enseñanza reglada, pasarán de 25 a 30 alumnos en Infantil y Primaria, de 30 a 36 en las de Secundaria y FP, y de 35 a 42 en las de Bachillerato. "Pero los directores de los centros educativos están advirtiendo que no tienen espacio ni medios para meter más niños por aula de un curso a otro", explica el portavoz de comunicación de Ustea en Granada, Pablo Franco.

Las aulas de los centros públicos están al límite, según han informado varios directores a representantes de Ustea, y tampoco tienen mobiliario que albergue esta masificación. "El desajuste es total para los centros, sobre todo ahora que habían cerrado el proceso de escolarización", añade el sindicato.

La delegada de Educación, Ana Gámez, dijo hace una semana que el aumento del horario lectivo del profesorado que propone el Gobierno tiene como objetivo bajar la contratación de personal y, por tanto, reducir unidades para contribuir al ahorro de más de 3.000 millones de euros en materia educativa. Hasta 500 unidades se van a suprimir en Granada, según los cálculos de la Junta, con el aumento de la ratio y la ampliación horaria de los docentes.

Tras celebrar ayer un acto en defensa de la escuela pública en la Delegación Provincial de Educación, representantes de Ustea informaron que "las medidas de Wert supondrán sólo en Granada una reducción de entre 2.000 y 2.500 docentes de Primaria, ESO y Universidad". Unos cálculos que, según dijo Franco, afectarán a los 1.300 interinos que hay en Granada aproximadamente y el resto, a profesores desplazados.

Por su parte, el sindicato ANPE pidió ayer en un comunicado al ministro Wert que contemple excepciones en sus medidas. Concretamente exige que el aumento de las ratios se flexibilice para la educación Infantil; para las escuelas rurales con localizaciones geográficas de especial dificultad para el agrupamiento, que en Granada hay muchas; para los centros de integración; los centros ubicados en zonas de especial dificultad socioeconómica; y los de Formación Profesional en las ramas técnicas.

Además, ANPE demanda que se garantice la presencia del profesorado de apoyo en Infantil y Primaria y que se establezca una composición de plantillas mínimas en los centros.

Ustea asegura que un 10% de las plantillas docentes de cada centro desaparecerán el próximo curso, lo que provocará que el concurso de traslados, que en Andalucía iba a movilizar a más de 7.000 profesores, se paralice. "Ahora le toca mover ficha a la Junta y que diga cómo va a ajustar todas estas directrices", dijo el portavoz.