Podemos recurre la autorización municipal al proyecto fotovoltaico de El Fargue en Granada por “fraude de ley”

Podemos ha interpuesto un recurso de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada, publicada el pasado 18 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia, que otorga calificación ambiental favorable al proyecto fotovoltaico en el barrio de El Fargue, por fragmentación artificial de "un único proyecto" con el objetivo de eludir la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que exige la legislación estatal y europea, en lo que la formación considera que es un "fraude de ley".

Según el partido morado, las tres plantas, denominadas Gregorio I, Stadium Plus I y Soto Oscuro I, forman parte de "un único proyecto".

En este sentido, el portavoz de la formación en Granada, Salvador Soler, ha declarado en una nota de prensa que "ha sido fragmentado artificialmente" en tres instalaciones de 4,95 MW cada una, cuando "en realidad constituye un único proyecto" de 14,85 MW, "con línea de evacuación y punto de conexión comunes".

Para que el Ayuntamiento de Granada, con gobierno local del PP, corrija su actuación, Podemos ha presentado recurso de reposición pidiendo provisionalmente, en tanto se resuelve, la "suspensión cautelar de la eficacia de la resolución" para evitar daños ambientales irreparables.

Para Soler la intención es que el equipo de la alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, corrija "el fraude de ley y la arbitrariedad administrativa" cometidos por la fragmentación, dado que así "la intencionalidad" es omitir la EIA que sería obligatoria por el tamaño del conjunto.

Además del "fraude de ley y la omisión de la evaluación ambiental" el recurso se sustenta en "normativa derogada y obsoleta", en "incompetencia funcional" dado que la resolución "fue firmada por un concejal delegado y no por el órgano colegiado competente".

Podemos también expone "falta de motivación y de análisis acumulativo de impactos, ignorando los efectos sobre suelo, agua, biodiversidad y paisaje", a lo que se añade "deficiente tratamiento de las alegaciones", en especial las de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y publicación en pleno mes de agosto y sin indicar recursos a la resolución "lo que supone una práctica opaca y contraria a la buena fe administrativa", ha concluído Soler.