Los documentos y manuscritos que la Policía encontró en la casa y las oficinas del empresario Roberto García Arrabal, investigado por supuesta corrupción en el caso Nazarí, han servido a los investigadores para constatar dos hechos principales: que el constructor disponía de dinero B (fuera del circuito legal) y que habría recibido "trato de favor" durante años por parte de funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Granada.

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregado hace unos días a la jueza de Instrucción 2 de Granada, que dirige la investigación, revela el hallazgo en casa del empresario de un contrato privado manuscrito en el que se recogería la venta de una sociedad por parte de Roberto García Arrabal (Robert, en el escrito) y otra persona llamada Pedro a un tercero de apellido Zurita. En las condiciones de pago aparece muy explícito que la mayor parte de los pagos del negocio se harían "en B".

La Policía explica en su informe que, además de que sería un "fraude a la Hacienda Pública", ese dinero se podría haber destinado a "pagar a personas tanto físicas como jurídicas por servicios o trabajos que no pueden ser contabilizados en la facturación de la actividad lícita de cualquier empresa". También apuntan los investigadores que ese dinero se puede meter en "una caja de seguridad de un banco" para hacer el uso de él antes especificado. Hay que tener en cuenta que entre los registros practicados en abril del año pasado también se halló bastante dinero en una caja de seguridad de este empresario. En cualquier caso, la Policía también apunta en su informe a un posible delito de blanqueo de capitales si se confirmaran ciertos extremos de su destino.

La UDEF da por sentado que uno de los participantes del negocio en B descrito en ese documento manuscrito es García Arrabal no solo porque el contrato estuviera en su poder, sino porque han comprobado que la firma coincide con otras estampadas por el mismo empresario.

Los miles de folios requisados en las sedes de García Arrabal y que han sido analizados minuciosamente por los investigadores en todos estos meses, se refieren sobre todo al desarrollo de tres proyectos urbanísticos: el pabellón de patinaje Mulhacén (y los negocios de hostelería aledaños), el edificio Progreso (donde el PP tiene su sede provincial) y el complejo deportivo en el Campus de la Salud. En el desarrollo de todas estas promociones los investigadores han encontrado documentos que confirmarían el "trato de favor" recibido por algunos responsables del Ayuntamiento de la capital, especialmente del área de Urbanismo.

Los documentos más reveladores ya fueron anticipados a la jueza al poco tiempo de los registros para ampliar las medidas de investigación, pues se trataba de impresiones en papel de una serie de correos electrónicos intercambiados durante varios años entre el empresario y la entonces concejala de Urbanismo, Isabel Nieto.

La Policía destaca de aquellas conversaciones a través de correos privados que ambos investigados en esta causa habrían intercambiado información y llegado a "acuerdos", "además de solicitar favores y ayuda en temas relacionados con sus proyectos urbanísticos".

El medio empleado para comunicarse, así como los horarios poco habituales "denotan un trato directo" e "interés personal en los temas tratados" por parte de la concejal. También expone la Policía que en esas comunicaciones se hace referencia al alcalde y a la "necesidad de informarle", dado su propio interés.

Han encontrado rastros impresos de otros correos remitidos al empresario por el arquitecto que firmaba sus proyectos. El profesional se encargaba de tratar directamente algunos asuntos con los funcionarios de Urbanismo para obtener las licencias necesarias. En un correo requisado, el arquitecto le explica al empresario que ha hablado con uno de los técnicos que tenía que dar su visto bueno para construir su proyecto completo en el Campus y que éste "ve complicado incluir la residencia de deportistas y no sabe cómo resolverlo. Me ha pedido tiempo", incluye entre otras cosas el mensaje.

Dice la Policía a la jueza que este correo "denota que por parte de los servicios de Urbanismo habría un trato de favor" hacia las empresas de García Arrabal, "al tratar de justificar" las edificaciones proyectadas, pese a no estar claro que sean legales.

En general, la UDEF describe el siguiente "modus operandi del grupo para realizar actividades ilícitas": cuando surge algún problema u obstáculo para que el empresario desarrolle sus proyectos porque la normativa es contraria, éste acudiría a la concejala y ésta requeriría a altos cargos de Urbanismo para "buscar una solución" que favorecería los intereses del promotor en contra de lo público.

Entre los documentos figuran multitud de informes contrarios a los proyectos de García Arrabal, por parte de algunos técnicos de Urbanismo. Pero en las tres operaciones estos obstáculos se sortean de diferentes modos, entre los que está cambiar a la persona que hace esos informes y darle la competencia a otro funcionario, que después firma escritos favorables. En el caso del Campus de la Salud, la Policía pone de relieve una situación de este tipo, aunque en determinados momentos simplemente se otorgó la licencia de obras del proyecto vendido después a la Universidad (IMUD) sin hacer alusión a los informes técnicos contrarios, que advertían de incompatibilidades con la normativa urbanística vigente.