La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad lo llamó "ajuste". La Universidad de Granada, "recorte". Sobre la mesa, 135 millones menos a repartir entre las universidades públicas de Andalucía y la previsión de la UGR de que la cuantía a dejar de percibir este año sería de unos 30. El asunto se abordó, sin llegar a un acuerdo, en la reunión que mantuvieron los rectores y el consejero Rogelio Velasco. Fuentes de la Consejería indicaron que "cualquier cifra" facilitada antes de que se concrete ese acuerdo es "errónea", pero la UGR ya ha hecho sus cuentas. 

En la última sesión de consejo de gobierno, el pasado viernes 22 de mayo, se indicó a los miembros del consejo que a Granada le corresponde entre un 21 y un 22% de ese "ajuste" de 135 millones, motivado por la necesidades generadas tras la crisis del Covid-19. Esto supone percibir cerca de 30 millones de euros.

El presupuesto 2020 para universidades e investigación ascendía a 1.795 millones de euros según lo publicado en BOJA. De esta cuantía se propone el "ajuste en presupuesto de 135 millones de euros", según la Consejería y, como compensación la "autorización para destinar a gastos corrientes de 135 millones de remanentes (se unirían a los 40 millones a los que se autorizaba ya en 2020 para inversión)", indicaron las mismas fuentes.

La UGR expuso cuando se autorizó hacer uso de esos 40 millones sus reparos y la rectora, Pilar Aranda, indicó que solicitó autorización "por escrito" para poder hacer uso de esos remanentes. Ahora, la situación se repite. En consejo de gobierno se manifestó que se ha pedido un informe a Hacienda ante las dudas que genera hacer uso de 135 millones de remanente. También se indicó que hay tres universidades que no tienen nada guardado, por lo que serán las demás las que tengan que asumir esa parte. Se trata de Huelva, Córdoba y Pablo de Olavide. En el caso de la UGR, el 'colchón' que queda asciende a 36 millones.

"Preocupa además la sostenibilidad del sistema educativo y de generación de conocimiento en general, y del sistema universitario público andaluz en particular, que ya venía arrastrando dificultades presupuestarias desde hace años", manifestó la Universidad tras hacerse pública la decisión de la Consejería. "Por otra parte, el gran peso de la Universidad de Granada en la economía provincial, lleva a pensar además en un importante impacto negativo, que podría dificultar especialmente la recuperación social y económica de la provincia de Granada", zanjó el comunicado, que consideró una "muy mala noticia" el ajuste de 135 millones.

CCOO indicó que "no podemos olvidar que estos remanentes es dinero que se debía a las Universidades y que deben estar destinados a proyectos estratégicos de las Universidades para la mejora de la educación superior". El sindicato incidió en que "el uso de los remanentes para autofinanciar la Universidad puede llevar al colapso" y poner "en peligro" su funcionamiento.

Por su parte, UGT manifestó en un comunicado que "nuestra oposición se realizará por todos los medios a nuestro alcance, la denuncia pública, como la presente, las movilizaciones, la huelga general o la denuncia ante la jurisdicción penal".