El Defensor del Ciudadano alertó hace una semana en la presentación de su Memoria anual de 2018 del alto número de quejas relacionadas con motivos de convivencia, principalmente por el ruido. Según el documento, las molestias por el ruido provocado por ejemplo por terrazas, por bares, por consumo de alcohol en la calle y hasta por fiestas o viviendas de uso turístico, suponen el tercer aspecto de queja al Defensor, Manuel Martín.

Ante esta realidad, el Denfensor de la Ciudadanía ha elaborado Vivir sin ruido. Guía práctica para luchar contra la contaminación acústica. Según el documento, el 20% de la población española (más de 9 millones de personas), conviven con niveles de ruido que sobrepasan los niveles considerados adecuados para la salud humana. El ruido en las ciudades contamina y es “una de las grandes asignaturas pendientes de las ciudades españolas”. De hecho, ni se construyen, ni se gobiernan ni se utilizan teniendo en cuenta el problema del ruido.

Con esta realidad, Martín destaca en la guía que la oficina recibe “variadas y repetitivas quejas provocadas por ruidos”. En la capital las principales fuentes son los ruidos derivados del ocio (bares, terrazas, discotecas, pubs, despedidas de soltero, microbotellones en plazas, jardines, viviendas y fiestas), aglomeraciones (actuaciones musicales en la vía pública), ruidos domésticos en viviendas, recogida de basura, animales domésticos (perros, pájaros...), vecinos molestos (fiestas, música, golpes....) y actividades comerciales.

Esto hace que haya colectivos “desesperados” por soportar niveles de ruido por encima de lo permitido. Por eso, el Defensor insiste en que la conciencia social es clave para acabar con estos excesos de ruido. “Los responsables políticos y todas las personas debemos convencernos de que el ruido es perjudicial tanto para la salud como para la convivencia”, ante lo que pide concienciar sobre las principales fuentes de ruido y sus efectos negativos y defender y respetar los derechos de las demás personas, entre los que se encuentra el derecho al descanso.

Además, Martín reclama más actuaciones por parte de las administraciones competentes, “que tienen la obligación de actuar de forma eficaz y eficiente frente a cualquier alteración de la paz familiar y del entorno en que se desarrolla la vida privada”. Según Martín, es “potestad irrenunciable” y para ejercerla los ayuntamientos cuentan con herramientas que van desde sanciones económicas hasta la clausura de las actividades. Ante esto, Martín considera que “la administración debe ser más activa y eficaz a la hora de inspeccionar las actividades ruidosas y en el control posterior del cumplimiento de las medidas correctoras exigidas”.

La situación del ruido en Granada está controlada por el decreto 6/2012 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y que marca unos niveles en relación a los decibelios que no tienen que ser superados en función del uso residencial, industrial, sanitaria, docente, cultural o turístico.

Según el Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad de Granada (Ayuntamiento y Universidad 2016), la principal fuente de ruido es el tráfico rodado de vehículos. En 2016 el 22,8% de la población estaba expuesta a un rango de entre 60 y 64 decibelios; el 7,4% entre 65 y 69; el 1,1% entre 70 y 74; y el 0,1% superiores a 75 decibelios. Pero aunque el tráfico sea la principal fuente de ruido en la ciudad, llegan muchas quejas por el ruido en el viviendas. También por el consumo de alcohol en la vía pública en Granada.

Así, aunque está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública desde 2006 y que en septiembre de 2016 se cerró el botellódromo, los “microbotellones” en diferentes puntos de la ciudad y en pisos de estudiantes elevan el nivel de ruidos, por eso el Defensor pide a los jóvenes que se conciencien sobre la vulneración de los derechos de otras personas que conlleva un uso irresponsable del alcohol, para lo que es también importante “ofrecer vías de ocio” alternativo.