Una sentencia pionera obliga al Estado a indemnizar a la familia de un guardia civil asesinado en Huétor Vega

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado el recurso presentado por la familia del guardia civil José Manuel Arcos, asesinado al recibir un disparo en acto de servicio en octubre de 2018 en la localidad granadina de Huétor Vega, y ha reconocido el derecho de la viuda y los hijos del agente a que el Ministerio del Interior costee los más de 334.200 euros de indemnización que se fijaron en sentencia para ella y los huérfanos, después de que el hombre condenado por la muerte de Arcos fuera declarado insolvente.

La sentencia, consultada por Granada Hoy, de fecha de este pasado 24 de septiembre, anula la decisión del propio Ministerio, que en 2022 rechazó la petición de resarcimiento presentada por la familia del agente, al considerar que los perjuicios sufridos por estos eran "ajenos" a la relación especial que vincula a los funcionarios con la Administración.

"La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurrido en acto de servicio", aclara la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN.

Según ha indicado a este diario el abogado que representa a la familia del fallecido, el letrado Javier López y García de la Serrana, director del bufete jurídico HispaColex y especialista en reclamaciones de indemnizaciones al Estado, el Ministerio del Interior decía, "exactamente", que "los daños --personales y patrimoniales-- de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al guardia civil con la Administración", pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN "nos ha dado la razón en una novedosísima sentencia", de la que se "beneficiarán otras cinco viudas de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución".

El letrado ha destacado el carácter pionero de esta resolución jurídica. Por este motivo, López y García de la Serrana ha argumentado que la innovación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN es la aplicación también a las familias de los guardia civiles asesinados "del principio de indemnidad, que implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas de las personas sobre las que las ejercen, cuando no haya dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente".

Impacto nacional

De esta forma, el abogado ha señalado este lunes que son cinco las familias que se podrán beneficiar. En concreto las de los dos guardia civiles asesinados por Igor el Ruso, la familia del teniente coronel de la Unidad Especial de Intervención asesinado y las de los dos agentes de la Benemérita de Barbate, en referencia a Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero, Pedro Alfonso Casado, David Pérez y Miguel Ángel González.

Contra la sentencia, que ha sido dictada después de la votación y fallo fechado para este pasado 23 de septiembre, cabe recurso de casación en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.

"Víctimas indirectas"

El fallo de la Audiencia Nacional corrige una decisión previa del Ministerio del Interior, que en octubre de 2022 denegó a la familia de Arcos el derecho a recibir la indemnización fijada en sentencia penal. El abogado de la familia ha criticado esta postura de la Administración, asegurando que “resulta inadmisible y una burla jurídica al principio de indemnidad que sea el propio Ministerio del Interior —empleador— el que, además de no reconocer la profesión de riesgo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resuelva los expedientes de resarcimiento rechazando cualquier tipo de indemnización a los familiares de guardias civiles asesinados, bajo el sofisma de que son víctimas indirectas”.

La "lucha judicial" emprendida por la viuda y los hijos del agente Arcos suponía así "una durísima prueba, tanto emocional como psicológica", que se sumaba a la trágica pérdida del padre de familia y al proceso penal que se vivió tras su muerte.

Por ello, desde el despacho HispaColex se remitió un escrito en el que se solicitaba a la Sala de la AN que agilizara la votación y fallo de la sentencia por "razones psicológicas y humanitarias".

Muerte y condena

La Audiencia Provincial de Granada condenó al responsable de la muerte del agente, un delincuente común conocido como el 'Kiki', a una pena de 22 años y medio de prisión después de que en la madrugada del 15 de octubre de 2018 arrebatara el arma reglamentaria al guardia civil tras una persecución y durante el forcejeo le pegara un tiro que acabó con su vida.

Una vez que la Audiencia de Granada declaró la insolvencia del condenado para hacerse cargo de las indemnizaciones, la viuda y los hijos del agente Arcos recurrieron al Ministerio del Interior con el objetivo de que asumiera el coste bajo el argumento de que este empleado público murió en acto de servicio y la Administración tiene la obligación de resarcirles del daño causado.

El letrado argumentaba que de todo el elenco legislativo existente se derivaba "sin discusión que, los perjuicios sufridos por guardias civiles o por agentes de Policía de cualquier clase que sufran lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio su cargo".

A ello sumaba que la sentencia 1003/2020 de 15 de julio de 2020, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, aclara que los daños causados por el delincuente declarado insolvente se deben resarcir directamente al lesionado o a sus herederos, por lo que, según recalcaba, carecía "de sentido y lógica negarle la indemnización a la viuda e hijos del Guardia Civil José Manuel Arcos, con el argumento de que no son víctimas directas".