Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STAJ ha vuelto a salir a las calles de Granada para exigir al Gobierno central negocie y termine de una vez con meses de concentraciones y a la huelga general convocada en la justicia ante la discriminación y el olvido al que se encuentra sometido el colectivo de funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia. A nivel estatal este colectivo asciende a unos 45.000 trabajadores y trabajadoras; de ellos unos 9.000 están destinados en la comunidad andaluza y algo más de un millar en la provincia de Granada.

La responsable de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha lamentado que el Ministerio aún no haya mostrado voluntad para solucionar un conflicto que arrastra semanas de protestas y miles de expedientes y de juicios paralizados. Martín ha reclamado "una oferta seria" con la que se reconozca profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan a diario estos trabajadores y trabajadoras, que representan más del 90 % del total de la plantilla, recordando que sin ellos "no hay justicia".

La manifestación, que se ha prolongado durante dos horas con inicio en los juzgados de Plaza Nueva y sede del TSJA hasta la Subdelegación del Gobierno de Granada, ha sido un punto y seguido a la protesta que tuvo lugar este martes en Madrid desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda, y se ha celebrado de forma simultánea en todas las capitales de provincia del país. Además, el próximo 13 de julio está prevista una segunda marcha que finalizará a las puertas del Palacio de la Moncloa.

Con motivo de la próxima convocatoria de elecciones generales, CSIF junto con el resto de sindicatos del comité de huelga han contactado con los diferentes grupos políticos para que durante la campaña asuman las peticiones de los trabajadores de Justicia, quienes han protagonizado las huelgas desde el pasado 17 de abril.

El sector de Justicia de CSIF Granada critica que el Ministerio de Justicia ha hecho "oídos sordos" a sus reivindicaciones y al endurecimiento de las protestas y lamenta profundamente los efectos negativos que están teniendo para la ciudadanía, de lo que acusa como único responsable al Ejecutivo central, por su desidia y falta de compromisos con el colectivo de empleados públicos.