Los sindicatos cuestionan que se exija el certificado de penales a los docentes

Hace menos de un mes, el Ministerio de Educación y las comunidades acordaron que ningún condenado con sentencia firme por delitos sexuales trabaje en centros educativos. Para dar forma a este acuerdo, se pactó exigir a todos los trabajadores de colegios e institutos un certificado a través del Registro Central de Penados hasta que estuviera en marcha el Registro Central de Delincuentes Sexuales. En Granada se pide este certificado de penales a maestros y profesores interinos desde que se hayan incorporado a la docencia desde el 14 de noviembre.

Sin embargo, desde CCOO se estima que -en tanto se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales- exigir el certificado de penales supone un problema, ya que ese informe "indica que no tiene antecedentes penales si estos no existen pero indica de modo específico cuales son, uno a uno, en el caso de que existan, tengan o no carácter sexual", explica el secretario de Enseñanza de CCOO en Granada, Diego Molina.

Desde otro sindicato, ANPE, se elude dar "juicios de valor" sobre la idoneidad de la norma estatal. Eso sí, exigen, por boca de su portavoz provincial, Manuel Pérez, que la Administración "haga de oficio" los trámites, para que no sean "un engorro adicional" para los interinos que se incorporen a la docencia. Aparte de la cuestión burocrática, CCOO insiste en que "en tanto que en la Administración pública la aparición de un delito en este certificado, siempre que no sea sexual, no puede ser motivo de exclusión ni de acceso a un puesto de trabajo, no ocurre así con las entidades privadas que no tienen que acogerse a los principios de igualdad mérito y capacidad", por lo que la aparición de delitos menores puede perjudicar a estos trabajadores. Para el sindicato, "la certificación de penales puede generar además un hábito que las entidades patronales pueden querer mantener en el tiempo". "Incluso una vez creado el registro específico de delitos sexuales generarán una indefensión incuestionable; de hecho ya se está generando", apostilla Molina.

Sobre cómo se está gestionando desde la Junta la solicitud de este certificado de penales, CCOO explica que se está pidiendo tanto por las empresas patronales de los centros concertados como por las delegaciones territoriales de Educación, aunque depende de la provincia. "Así, en la delegación territorial de Granada lo está solicitando desde el 14 de noviembre; desde el 16 la de Jaén, si bien admiten el resguardo de haberlo solicitado para obtener el contrato; Córdoba desde el día 20; en Málaga no se está pidiendo en Primaria pero curiosamente sí en Secundaria y en Sevilla, contrariamente, no se está pidiendo", enumera.

Ante lo que se entiende como una situación injusta, la Federación de Enseñanza de CCOO ha solicitado al Defensor del Pueblo que actúe "de modo urgente para que se cree el registro específico de delitos sexuales y que en tanto, no se solicite el certificado de penales porque vulnera derechos básicos".

En cualquier caso, recuerda el sindicato, este registro de delincuentes sexuales deberá estar operativo, según la propia ley, máximo a finales de enero. "CCOO es partidaria, como no puede ser de otro modo, que los delitos sexuales sean motivo de exclusión para trabajar con menores, pero no otro tipo de delitos", concluye Molina.

Preguntados al respecto, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa) manifestó no tener ninguna postura oficial al respecto. En cuanto a la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) reconocieron no haber abordado este asunto. Sin embargo, su portavoz en Granada, José Madero, reconoció que "estoy de acuerdo tanto como director, como docente y como padre con esta medida. La docencia y atención a alumnado necesita un perfil de profesional que no pueda generar dudas en las familias sobre en manos de quién se deja a sus hijos. Supongo que se debería hacer extensiva a cualquier trabajo en el que se confíe la custodia de los hijos a otras personas".