Los sindicatos educativos en Granada piden mantener los recursos en los centros de alumnado vulnerable

Los principales sindicatos del sector educativo, CSIF, Anpe, CCOO y UGT, se han concentrado este miércoles ante la Delegación de la Junta en Granada para pedir el mantenimiento de los recursos destinados a los centros de educación compensatoria, que son los que atienden al alumnado más vulnerable de la provincia, así como del derecho a la movilidad del profesorado. De esta manera han denunciado que la Consejería de Educación "pretende imponer un modelo que bloquea miles de plazas de docentes y que reduce la dotación económica" para este tipo de centros. La protesta Estaba convocada en las ocho provincias andaluzas.

En una nota de prensa remitida a los medios, las cuatro organizaciones destacan la importancia de la red de compensatoria, que durante décadas se ha convertido en una "herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades", y que "cualquier modificación normativa debe reforzarla y ampliarla, nunca sustituirla o debilitarla". Estas protestas responden al "rechazo unánime" por parte de las organizaciones al Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que la Consejería mantiene en tramitación y que, "tal y como está planteado, afecta gravemente a los derechos laborales del profesorado y, además, no garantiza la dotación de recursos que estos centros tienen en la actualidad", explican los sindicatos.

Asimismo denuncian que Educación ha adoptado, "de forma unilateral, una medida por la que la Consejería posibilita que, en los centros ZTS de difícil desempeño, la cobertura en comisión de servicios de puestos del equipo directivo pueda conllevar el bloqueo de miles de plazas docentes cada curso en los procedimientos de colocación". Además, "critican que esta medida carece de la suficiente transparencia para determinar qué centros podrían acogerse a ella, puesto que no se hacen públicos los centros afectados, así como tampoco se cuantifican ni se facilitan datos objetivos a la parte social que permitan verificar qué centros cumplen realmente los criterios establecidos por la Administración. Esta ausencia de transparencia elimina cualquier mecanismo de control y abre la puerta a decisiones discrecionales", añaden.

CSIF, Anpe, CCOO y UGT explican que el text propuesto por la Consejería de Educación "supone un claro retroceso respecto al modelo actual de compensatoria, ya que no asegura financiación estable con fondos propios de la Junta de Andalucía, dado que la ejecución de gran parte de las medidas que se tienen previstas, se sustentan en fondos europeos, cuya vigencia es hasta 2027". También han subrayado en el comunicado conjunto que "mejorar la calidad educativa del alumnado más vulnerable es un objetivo irrenunciable", pero han advertido de que "los recortes de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado no contribuyen a ese fin y, además, lesionan derechos básicos como la conciliación familiar y laboral". Asimismo, recuerdan que "cualquier medida sobre provisión de puestos y organización interna debe ajustarse estrictamente a los principios de objetividad, transparencia y publicidad".

Para las organizaciones sindicales convocantes la mejora de estos centros de especial dificultad "pasa necesariamente por reforzar las condiciones laborales del profesorado y de los equipos directivos destinados en los mismos, atendiendo a la complejidad del desempeño de estos puestos de trabajo y dotando adecuadamente los proyectos educativos adaptados a las necesidades del alumnado".

Las centrales sindicales, que aseguran haber mantenido una "actitud de diálogo y negociación hasta el último momento", lamentan la "falta de receptividad de la Consejería" a atender sus propuestas", las cuales están "destinadas a salvaguardar derechos ya adquiridos por el profesorado y a garantizar los recursos de los centros". Por ellos se han visto "obligadas a impulsar movilizaciones y cuantas acciones sean necesarias para que se escuche la voz de los docentes andaluces". Además, no descartan intensificar el calendario de protestas si el decreto definitivo "no asegura estos mínimos, y continuarán defendiendo, en todos los ámbitos, la escuela pública y los derechos de su profesorado".