La investigación abierta en un Juzgado de Sevilla contra el actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca, por la supuesta adjudicación ilegal de contratos cuando era delegado de la Consejería de Innovación en esta provincia, ha puesto de relieve una lista de irregularidades detectadas en el proceso, entre las que destaca el pago de los servicios antes incluso de haber terminado los trabajos encomendados.

Varios informes del equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil han revelado una serie de irregularidades que afectan directamente a la gestión que se hizo en Granada de los contratos para el seguimiento, control y verificación de los cursos de formación profesional para la economía social en los años 2010 y 2011.

El juez de Instrucción 6 de Sevilla, que acaba de rechazar la petición de archivo realizada por Cuenca, considera que en función de las diligencias practicadas hasta ahora (entre las que están esos atestados policiales) hay indicios de que el actual alcalde de la capital granadina hizo una contratación de servicios "ilícita", mediante "adjudicación directa" a las empresas deseadas a través de un instrumento llamado "memoria justificativa" de la que era responsable este investigado.

Las adjudicaciones se habrían fraccionado para que pudieran tramitarse como contrato menor y eludir así la libre de concurrencia de otras empresas, según el último auto judicial al que ha tenido acceso este periódico. En particular, la Delegación de Granada adjudicó el servicio a dos empresas diferentes en 2010 y 2011, pero destaca el informe de la Guardia Civil que los contratos se solaparon durante varios meses, de tal modo que en un tiempo hubo dos contratistas haciendo la misma función.

Las pesquisas se centran especialmente en una de las cooperativas adjudicatarias, CRL Consultores y Asesores Asociados, cuyos tres responsables acaban de ser citados por el juez para declarar como investigados. La Delegación que llevaba Cuenca en aquellos años adjudicó a esta contratista el servicio de control de los cursos en el año 2011, pero consta que estas tareas fueron abonadas el 7 de diciembre de ese año, antes de terminar el periodo del contrato y cuando aún quedaban tres visitas de control de los cursos pendientes, según las actas aportadas y analizadas por los investigadores.

El Juzgado también duda del correcto desempeño de la tarea encomendada, dado que sólo constan documentos de 8 de las 66 visitas de inspección que deberían de haber llevado a cabo, según el informe final presentado por la propia adjudicataria.

Los investigadores ponen el acento en esta cooperativa por varios motivos, entre los que destaca que fuera constituida sólo un mes antes de la adjudicación del contrato de la Delegación de Granada. Era, por tanto, una "contratista carente de experiencia alguna en la prestación del servicio objeto del contrato". Sus responsables tampoco cumplían los requisitos legales para este tipo de contrataciones, según informe de la Seguridad Social. Pero lo más llamativo de lo expuesto por los investigadores es que estas personas que formaban parte de la cooperativa eran a su vez empleadas de la empresa pública Tragsa y, como tales, prestaban también sus servicios para la Dirección General de Economía Social de la Junta. Destaca el juez que eran personas de "confianza" de los responsables de este organismo autonómico y que, según algunas declaraciones, "fueron impuestas" por algunos de los investigados. En el año 2012 también recibieron esta encomienda, pero esta vez a través de un contrato global que abarcaba varias provincias andaluzas.

Entre la documentación analizada por la Guardia Civil destaca también que en la contabilización de estos contratos hay un informe de conformidad de la Intervención que advierte de que se podría "vulnerar la prohibición" del "fraccionamiento del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

El juez del caso ha decidido mantener la imputación de Francisco Cuenca y llamar como investigados a otra serie de personas (lo que supone una reactivación del caso, con 5 nuevos imputados o vueltos a traer a la causa) en base a todas las pesquisas policiales realizadas y también amparado en un auto muy reciente de la Audiencia Provincial de Sevilla, que avala las tesis del instructor.

En concreto, esa resolución de la Sección Séptima, del 26 de junio pasado, desestima los recursos contra la decisión del juez de practicar nuevas diligencias y mantener la imputación de más de 14 personas en Andalucía, al considerar que hay "destacadas irregularidades detectadas" en este caso, como las detectadas en los atestados antes citados de la Guardia Civil, que incluyen la gestión realizada en la Delegación Provincial de Granada.