La explotación sexual podría resumirse en cinco pasos que se repiten en la mayoría de las operaciones policiales: primero, las engañan para traerlas a España diciendo que van a tener un trabajo de camarera, azafata de eventos o similar. En segundo lugar, cuando llegan a este país, les requisan la documentación y les muestran a lo que realmente se van a dedicar. En tercer lugar, las amenazan y coaccionan para que se prostituyan a cualquier hora del día. Después las alojan en un piso o domicilio, fijan unas tarifas de las que ellas se llevarían una comisión y las obligan a pagar rentas de alquiler. Y luego, mientras ejercen la prostitución, tienen que vender drogas a los clientes e incluso a consumirlas.

Así se ha apreciado en la última operación policial contra la trata desarrollada en Granada –en la que cinco mujeres han sido liberadas y cuatro personas detenidas–, y así ocurrió también hace unos años –entre 2013 y 2016– en una vivienda de la calle Enriqueta Lozano de la capital, en la que una pareja obligaba a una mujer a prostituirse, unos hechos que serán juzgados a partir del próximo 15 de enero en la Audiencia Provincial.

En este caso, que es un ejemplo más que expone a la perfección el mundo de la trata, una pareja regentaba un piso habilitado como prostíbulo, en el que obligaban a una mujer de origen paraguayo a prostituirse.

Las tarifas iban desde los 35 euros por 15 minutos de sexo, hasta los 100 euros por una hora, a lo que había que sumar copas a 20 euros, champán a 90 euros y 150 euros más 20 euros de taxi si había desplazamiento. En teoría, la víctima debía llevarse el 50% de lo que se ganase por cliente, un pago que, en numerosas ocasiones no se realizaba ya que se imponen “multas” a las mujeres por negarse a realizar ciertas cosas, por comprarles ropa o comida.

El 15 de enero será juzgada una pareja que obligaba a una mujer a prostituirse en Granada

La coacción –otro de los patrones repetidos en todos los casos de explotación sexual– pasaba desde los insultos como “guarra, puta, tú no sabes trabajar”, tal y como se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, hasta “la Policía de Granada es mi amiga, si te vas, te los voy a mandar, por no tener papeles te van a caer cinco años de cárcel”.

La 'jornada laboral' era sin horarios y con solo un día de descanso a la semana en el que además era totalmente controlada. Es decir, debía trabajar a cualquier hora del día o de la noche y le proporcionaban cocaína para que pudiera realizar jornadas de más de 20 horas, y que así pudiese ofrecerla a los clientes.

Precisamente por estos hechos, la Fiscalía ha calificado los hechos de prostitución coactiva y drogas y ha solicitado para los dos principales acusados una condena a siete años de cárcel y el pago de una multa de 4.700 euros. Asimismo, hay un tercer acusado –el que suministraba la droga– que se enfrenta también a la petición de siete años de prisión y el pago de una multa de 620 euros por un delito continuado contra la salud pública.