Municipal

Los trabajadores de ayuda a domicilio piden la gestión pública del servicio

  • Los trabajadores de Arquisocial reclaman al Ayuntamiento la remunicipación del servicio

Los trabajadores de ayuda a domicilio piden la gestión pública del servicio.

Los trabajadores de ayuda a domicilio piden la gestión pública del servicio. / Cristina Lidón

Trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Granada capital, convocados por el Comité de Empresa de Arquisocial, se han concentrado hoy ante el Ayuntamiento de la capital granadina para exigir la remunicipalización de este servicio, ya que consideran que el dinero público debe servir de forma íntegra para que la plantilla (unas 700 personas), pueda prestar un servicio público de calidad a los 3.286 usuarios que necesitan dicho servicio.

Desde el Comité de Empresa de Arquisocial, presidido por UGT, y del que también forman parte CCOO, CGT y SAT, se considera que el modelo de gestión privatizador de un servicio público como éste, como hasta ahora ha sucedido no sólo en Granada sino en otros ayuntamientos de la provincia, “está fracasado”.

Así, advierten de que “los objetivos de las empresas del sector de la dependencia son los de obtener beneficios y no los del servicio público, añadiendo que, hasta ahora el resultado de este modelo es la precariedad laboral, convirtiendo a los profesionales en trabajadores pobres”.

Aunque desde el Comité valoran el anuncio que hizo el Ayuntamiento de que se va a estudiar la viabilidad técnica y presupuestaria de esta medida, se considera que se podría haber hecho antes.

A juicio de los representantes sindicales, el encaje legal de esta remunicipalización es posible en Granada, porque se ganaría en eficiencia en la gestión y se optimizarían los recursos económicos, como ya ha se ha hecho en numerosos municipios del provincia de Granada.  "Se recuerda además, que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Así, para el Comité, lo que hay que promover es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan". 

Así, concluyen, no es posible, que una empresa privada obtenga sus legítimos beneficios empresariales a costa de “jugar” con los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, y  para los trabajadores cuya situación laboral es muy precaria.

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