El caso judicial sobre la presunta trama "criminal" para la adjudicación irregular de contratos en la Alhambra, que ha propiciado la detención este mes de la antigua cúpula directiva del monumento, ya acumula 18 tomos de procedimiento -con más de 10.000 folios- y al menos 6 cajas de documentación que acaba de enviar la Policía al Juzgado de Instrucción 4 de la capital.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que lleva esta investigación desde sus orígenes (procedente de otra causa judicial), ha remitido al juez el cargamento de documentos en el que han basado sus discretas pesquisas durante muchos meses. Cinco cajas de correos electrónicos de los anteriores directivos de la Alhambra y una con todos los papeles de la investigación patrimonial componen una pieza documental cuya apertura acaba de ordenar el Juzgado instructor, mediante una diligencia fechada la semana pasada. Según el documento judicial al que ha tenido acceso este periódico, sólo los correos de la antigua directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, llenarían dos de las cajas que ya están en las dependencias de La Caleta. La correspondencia de la que fue secretaria general del monumento (la número 2), Victoria Chamorro, contendría otras 3 cajas completas. Y la sexta caja estaría llena de la documentación necesaria para la investigación patrimonial.

La Policía pidió indagar más sobre el patrimonio de los investigados y de algunos allegados2007-15Periodo. Los investigadores han repasado correos y contratos de la Alhambra de casi 8 años

Sobre el análisis de todos estos documentos, la mayoría obtenidos mediante requerimiento al propio Patronato de la Alhambra, la Policía ha elaborado un enorme atestado que ocuparía 3 tomos completos, más otros 15 con los anexos del informe de los investigadores. Los funcionarios de este Juzgado trabajan ahora en el foliado y la formación del expediente, de modo que pueda ser suministrado a las partes de este procedimiento que se abrió el año pasado.

Fuentes del caso señalan que la Policía ha tardado meses en realizar este trabajo y, en vista de sus resultados, remitidos al Juzgado en fechas recientes, es cuando se montó el operativo policial del pasado 8 de mayo. En la Operación Colina Roja II (nombre asignado por la propia Policía) fueron detenidas 26 personas, que sólo pasaron unas horas en dependencias policiales y fueron puestas en libertad con cargos el mismo día. En ese momento se les informó de su condición de investigados en estas diligencias judiciales y quedaron pendientes de recibir una citación para comparecer ante el juez. Los delitos imputados fueron pertenencia de organización criminal, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias.

Una vez que el Juzgado tenga preparada la extensa documentación, ésta será puesta a disposición de los procuradores y letrados de los investigados, así como de las partes acusadoras. La Policía ha dejado ver alguna de las conclusiones de su extenso informe y ha revelado que durante años se habría consolidado en la Alhambra un "grupo criminal perfectamente organizado" y liderado por los antiguos dirigentes del Patronato y otras personas de sociedades externas. El objetivo sería la "adjudicación ilegal de contratos a empresas, que se comprometían a contratar a una red clientelar de trabajadores denominados de la casa, afines a la cúpula directiva". En total, según avanzó la Policía, se habrían defraudado 7 millones de euros de las arcas públicas.

A juicio de los investigadores, ese grupo organizado funcionaba desde una "cúspide" que estaría formada por los "máximos responsables del Patronato de la Alhambra y Generalife" durante aquellos años, que irían desde 2007 a 2015. Según fuentes del caso, en ese grupo enmarcan las decisiones adoptadas por la exdirectora María del Mar Villafranca, la que era secretaria general, Victoria Chamorro, y otro de los directivos, José María Visedo.

En un segundo nivel aparece, según la Policía, el "personal intermedio" del Patronato (los funcionarios) y "personal externo", relacionado con las empresas contratistas investigadas. Esas personas tendrían también un papel clave, pues serían "conniventes" y "conocedores de la ilegalidad de los contratos públicos adjudicados". Según las conclusiones policiales, estos investigados "sostienen y dan solvencia administrativa" a los procedimientos empleados, mediante la realización de informes técnicos y de valoración que darían la apariencia de legalidad. También les atribuye la Policía el visado y conforme de los pagos de las facturas presentadas. "Adjunta a dichas facturas figuran una serie de memorias justificativas de los trabajos realizados", aunque los investigadores sostienen que no se han llegado a ejecutar y que "no existe ni un solo documento, acta, informe que avale su realización real, correcta y efectiva", aunque esos trabajos sí fueron abonados por el Patronato de la Alhambra.

Destacan los instructores policiales que el organismo que gestiona la Alhambra hubiera asignado puestos de suma responsabilidad durante años a personas externas (adjudicatarias de contratos negociados), creando así esa "administración paralela".

El "modus operandi" de esa trama que describe la Policía sería la "adjudicación ilegal de contratos a empresas", que a su vez se "comprometían a contratar una red clientelar de trabajadores", que en la documentación y correos encontrados ellos mismos denominaban como "de la casa" y que, según la Policía, serían afines a la cúpula directiva de la Alhambra. Familiares y amigos son algunos de los investigados en este caso.