La Universidad de Granada se compromete a resolver los casos de acoso sexual en un máximo de 30 días

Después de nueve años de su entrada en vigor la Universidad de Granada aprueba su nuevo protocolo de actuación frente al acoso sexual. El documento de 2016, que fue en su momento pionero en el ámbito universitario, se reforma e incluye novedades como una comisión de evaluación, una ventanilla única para atender a las personas que denuncien y el establecimiento de un máximo de 30 días para resolver cada caso, desde que se recibe la denuncia hasta que se notifica la resolución final. El nuevo texto entrará en vigor este mismo mes.

La UGR ha aprobado este jueves , en consejo de gobierno, su nuevo Protocolo para la prevención, protección y actuación contra el acoso sexual, el acoso por razones de género u otras conductas contrarias a la libertad sexual, y para la eliminación de las violencias sexuales y de género en la Universidad de Granada.

Además, también se ha dado el visto bueno al nuevo Protocolo para la prevención, intervención y protección ante el acoso laboral en la Universidad de Granada. Anteriormente todos los casos de acoso se abordaban en el mismo documento. Ahora los de acoso laboral pasan a estar en manos del Servicio de Salud y Prevención de la UGR.

"Hemos identificado cuestiones con margen de mejora", reconoció la vicerrectora de Igualdad, Mar Venegas, que señaló que anteriormente los casos podían resolverse en el momento, en una semana o llegar a alargarse meses. Ahora se establece un máximo de 30 días para abordar el tema. En este periodo se incluye la adopción de medidas y se buscará, con la ventanilla única, la no revictimización, que la persona que denuncie no tenga que contar su caso en varias instancias universitarias.

La consigna de los dos documentos, el de acoso laboral y el que aborda el acoso sexual, es la "tolerancia cero", especificó la delegada del Rector para la Salud, Virginia Aparicio. "El acoso laboral constituye un riesgo para la salud", añadió la responsable, que señaló que el nuevo texto abordará también las situaciones que se puedan dar en espacios como congresos, estancias en el extranjero o viajes. También se recogen nuevas realidades, como el acoso laboral en el entorno digital.

La comunidad estudiantil no está incluida en este protocolo, según añadió el director del Servicio de Salud y Prevención, Javier Machado. Éste también reconoció que el hecho de marcar un tiempo máximo de respuesta implicará que cuando llegue un caso a su Servicio pasará a ser "prioridad número uno". En el supuesto de acoso laboral se establecen unos plazos de 10 más 21 días, que se pueden ampliar en el caso de que intervenga el comité asesor.

"Desde el primer momento se hará un seguimiento exhaustivo del caso", con la premisa de garantizar la confidencialidad, abundó Venegas sobre el protocolo contra el acoso sexual, que reiteró que detrás de cada caso se sigue un proceso en el que hay que escuchar a las dos partes. En el caso de que se determinen indicios de posible delito, se dará cuenta a la Fiscalía, un paso que ya se recoge en el actual documento y que, según la vicerrectora, se da en contadas ocasiones. Según su propia experiencia, en los dos años que lleva en el cargo no se ha dado ninguna situación con las características que hicieran necesario recurrir al juzgado.

Se establece la desaparición de la Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso (OPRA) y en su lugar asume sus funciones la Unidad de Igualdad y Diversidad (UID). Además de presentar denuncias telemáticas, se contará con atención presencial.

Nueva comisión para analizar los casos

Una de las innovaciones más relevantes del nuevo protocolo es la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento. Este órgano representa un mecanismo de rendición de cuentas y compromiso institucional. Será el encargado de realizar un análisis estadístico anual, anónimo y riguroso de los casos, indicó la UGR en un comunicado.

Su finalidad no es solo cuantitativa, sino estratégica: permitirá conocer el perfil y la casuística del acoso en la Universidad, identificar posibles colectivos vulnerables y, fundamentalmente, proporcionar datos objetivos para proponer mejoras y adaptar el protocolo a las nuevas realidades, garantizando que sea un documento vivo y en constante evolución.

Tanto el protocolo contra el acoso sexual como el que se centra en el acoso laboral se centran en la prevención, destacaron las responsables universitarias, que añadieron que ambos documentos han sido consensuados con los representantes de la plantilla universitaria.