En el verano de 1981 llegó a Granada la sanfermina. Así fue bautizada en el mundillo judicial la Ley 30/1981, de 7 de julio. Para el resto de los ciudadanos, era la Ley del Divorcio, una norma que en julio ha cumplido 40 años y que cimbreó los cimientos de aquella sociedad granadina recién aterrizada en la democracia, pero todavía anclada en las tradiciones de otra época.

María, Juan y Amelia, protagonistas como muchos otros en esta provincia de aquel cambio legal, coinciden en que aquella Granada que podía ser asfixiante para muchos también había aprendido a tener una clase de tolerancia de doble moral en cuestiones relacionadas con el matrimonio, las uniones de hecho, las separaciones o los hijos ilegítimos. El tabú o el mirar para otro lado eran las formas habituales para resolver de forma práctica esos conflictos, hasta que llegó la reforma legal, que permitió a muchas personas hacer oficial lo que hasta entonces era un secreto a voces. De algún modo, era una forma de recuperar la dignidad. 

Cada una de estas tres personas lo vivió desde una perspectiva diferente, pero complementaria. María Izquierdo Rojo era diputada por Granada en el Congreso y experimentó en primera persona el largo y tremendo debate previo a la aprobación de una ley que para nada fue pacífica. "Hubo una oposición rabiosa", por parte de los partidos conservadores, pero esta filóloga y profesora universitaria retirada (aunque sigue muy activa en redes sociales) admite que la ley fue bien acogida en la sociedad, lo que evidencia que, como en muchas otras ocasiones, la batalla política está muy lejos de lo que realmente demandan las personas. 

María Izquierdo, así vivió la llegada de la Ley del Divorcio

A sus 75 años, en su conversación con Granada Hoy sobre lo sucedido durante aquellos días de 1981, María admite que sus recuerdos son más personales que políticos. Ella fue una más de aquella larga lista de españoles que esperaban la ley "como agua de mayo" para regularizar su situación, al haber roto su primer matrimonio hacía algunos años. Rememora su ruptura matrimonial de finales de los 70 como una "huida" de los malos tratos. María hubo de salir de un piso donde estuvo encerrada con llave para ser acogida por una amiga, en un momento en el que ni siquiera era fácil encontrar ese tipo de amparo porque la gente tenía miedo de casi todo. Antes de la liberación que supuso la reforma legal, el periodista Jesús Hermida le hizo una entrevista en la que le preguntaba por su estado civil: "Lamentable", fue su sonada y representativa respuesta.    

Como el de María había muchos casos de personas que esperaban la aprobación de aquella ley para lanzarse al juzgado. Amelia Romacho, conocida en Granada durante décadas por su lucha sindical, en defensa del movimiento feminista y por la actividad política en Izquierda Unida (concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Granada con tripartito de Moratalla), fue protagonista de uno de los primeros casos de separación y divorcio en la provincia de Granada. "No sé si fue el primero o el segundo", duda ahora Romacho, pero cuando no dudó un segundo fue al emprender la acción judicial para obtener el divorcio aquel mismo verano del 81.

Ya llevaba tiempo separada del padre de su hija y su situación legal hasta ese momento era, a su juicio, degradante. "Yo era una mujer que trabajaba en la administración y no podía tener ni una cuenta en el banco a mi nombre". Seguía siendo una mujer casada. Tiempo después de obtener el ansiado divorcio se casaría con Pedro Vaquero, el histórico dirigente político de izquierdas, ya fallecido.  

El abogado Juan Barcelona recuerda cómo fue la llegada de la Ley del Divorcio

Su letrado, Juan Barcelona, era entonces un joven que apenas pasaba de los 21 años y hoy su despacho en Granada es una institución en el mundo de la abogacía. Sus recuerdos de aquellos días de verano y de los primeros años tras la aprobación de la esperada ley que reformaba radicalmente el Código Civil español de 1889 son profesionales, pero en ellos hay una verdadera carga humana, tanto por las variopintas y complejas situaciones personales de sus clientes, como al describir la forma de trabajar con un juzgado que también estaba de estreno.    

Si esta ley fue publicada en el BOE el 20 de julio de 1981, unos días antes, el 8 de julio, el Boletín hacía oficial la entrada en vigor del Real Decreto del día 3 de ese mes por el que se creaban los juzgados de Familia en España. Granada era una de las 16 provincias beneficiarias de esta medida. Aquel primer juzgado (hoy ya hay 4 especializados en esta ciudad) tenía como titular al magistrado ya fallecido Carlos Rodríguez Valverde, al secretario judicial Trinidad Méndez ("Don Trino", como era conocido) y una plantilla de funcionarios "que trabajó a destajo y como una piña". 

La tarea fue grande desde el principio porque llegaron de golpe todos los casos que durante años y años se acumularon a la espera de que el legislador diera aquel paso fundamental para la plena democracia y para la equiparación con otros países del entorno europeo. "Se arrastraban situaciones de convivencia de hecho que podrían tener 40 años, hijos ilegítimos con sus correspondientes efectos sucesorios...", explica el letrado granadino. 

Recuerda que los medios con los que se trabajaba en el "palomar" de la sede de Plaza Nueva eran "rudimentarios", pero el Juzgado consiguió mucha celeridad, sobre todo para dar salida a situaciones muy difíciles. Juan Barcelona rememora un verdadero "divorcio exprés" de aquellos primeros tiempos para una mujer que estaba embarazada y necesitaba la disolución matrimonial urgente para casarse cuanto antes con su nueva pareja. El mismo día -explica el abogado- se admitió a trámite la demanda, fue ratificado por los dos miembros del matrimonio y el juez dictó la sentencia. Esto fue a finales de julio y en agosto la mujer  pudo celebrar su nueva boda con el futuro padre del bebé. "Había mucha humanidad para atender situaciones a veces dramáticas", concluye el letrado.

Las pilares de aquel cambio fundamental están en la Constitución de 1978, que como principios básicos en la concepción legal de la familia restableció la igualdad entre hombre y mujer, la aconfesionalidad estatal y la absoluta equiparación ante la ley de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, sobre todo en lo que respecta a los deberes de los padres. Pero estas premisas que hoy parecen tan lógicas, eran una novedad que había que trasladar al decimonónico Código Civil español. Dos leyes de 1981 fueron las principales artífices de esa reforma: la de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio (13 de mayo) y la conocida como Ley del Divorcio, que técnicamente regulaba el procedimiento a seguir en causas de nulidad, separación y divorcio  (7 de julio).

Ley del Divorcio BOE 20 julio de 1981

Ambas leyes, representaron "la mayor y más profunda reforma del Código Civil desde 1889", según el doctor y especialista en Derecho Civil Carlos Lasarte, quien además recuerda en una de sus obras que "pese a su trascendental importancia, ninguna de las leyes tiene preámbulo porque era tan alta la crispación política y vocearon tanto los sectores contrarios a la instauración del divorcio que el Gobierno prefirió las nueces al ruido". 

Aunque aquella Ley del Divorcio que ahora cumple 40 años fue una revolución, todos los operadores jurídicos y afectados admiten que incluía dos aspectos que resultaron un lastre durante décadas, hasta su reforma en 2005. El primero era la necesidad de pasar por una doble crisis matrimonial, a través de la separación como requisito previo al divorcio. Y el segundo aspecto que lo condicionaba todo era el sistema causalista establecido. Es decir, que para que el proceso tuviera éxito había que alegar un motivo. 

Infidelidades, abandono, alcoholismo, malos tratos... Sin demostrar alguna de estas causas, el divorcio no podía salir adelante. Había que aportar pruebas y presentar testigos. Y todo eso contribuía a aumentar el enfrentamiento entre las dos partes e "implicaba culpabilidad", recuerda Juan Barcelona, que durante tantos años tuvo que lidiar con esta regulación en cada uno de sus casos. 

Cierto es que antes de la Ley de 1981 el problema era mucho mayor, porque una denuncia de infidelidad de una de las partes no daba lugar al divorcio pero sí podía acabar con el cónyuge en la cárcel. Amelia Romacho recuerda como un abogado al que consultó en los inicios de su crisis matrimonial le recomendó denunciar a su entonces esposo "para meterlo en prisión". Aquella joven con ideales de libertad se horrorizó y comprendió que era imprescindible reclamar la ley que permitiera poner fin a los matrimonios sin llegar a tan drásticas soluciones. A finales de los 70 Romacho fue una de las organizadoras de una caravana de vehículos reivindicativa del derecho al divorcio que discurrió por la Avenida de la Constitución de Granada. Y fue multada. 

En 2005, la mal llamada Ley del divorcio exprés (a juicio de los juristas), cambió radicalmente ese sistema de previo paso por la separación y de búsqueda del culpable. Desde entonces solo basta con la mera voluntad de disolver el matrimonio. Ha habido más cambios, aunque de menor calado, como la última modificación que afecta al papel de los notarios en los matrimonios y divorcios. Pero esto son solo matices para quienes vivieron en primera persona el cambio y la revolución que supuso la llegada del divorcio hace 40 años. "Se reconoció un auténtico derecho humano" que las nuevas generaciones de españoles ya se han encontrado al nacer.