Viejos conocidos para un nuevo año judicial en Granada: el crimen de Las Gabias, el escape room y Maracena, por partida doble, vuelven a los juzgados

Este 2026 pasaran por sede judicial varios casos que han ocupado titulares y las secciones de sucesos de los últimos años

Al mismo tiempo, se prevé que se ponga punto final al caso Nazarí y Marchelo

La exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, atiende a los medios en una imagen de archivo.
La exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, atiende a los medios en una imagen de archivo. / GH

La información de tribunales de 2026 volverá a tener como protagonistas a viejos conocidos que ya han tenido relevancia en años anteriores. En el arranque de este próximo año pasarán por sede judicial varios casos que ya ocuparon titulares y abrieron portadas y que, previsiblemente, deberían quedar resueltos durante los doce meses que restan de año.

Precisamente, uno de los casos que más atención captó fue el secuestro a Vanessa Romero, concejal socialista de Maracena, por quien en esos momentos era pareja de la alcaldesa, también socialista, Berta Linares, en febrero de 2023. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogerá este juicio los días 4 y 6 de febrero, después de que los problemas de agenda de uno de los letrados obligase a cambiar la fecha, fijada originalmente para julio.

El acusado, en libertad provisional, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por un delito de detención ilegal y dos años más por las lesiones psicológicas provocadas en la víctima. A esta calificación provisional de los hechos del ministerio público se suma un tercer delito de lesiones físicas leves por el que la Fiscalía ha pedido el pago de una multa.

La petición de la Fiscalía es similar a la formalizada por la acusación particular, ejercida por la propia Linares, representada por Jorge Aguilera, y que ha solicitado seis años de cárcel por un delito de detención ilegal, y otros tres por lesiones psíquicas.

Pocos días antes, Linares tendrá que sentarse en el banquillo. Será el 29 de enero cuando la exregidora acuda a declarar como investigada en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada por un posible delito de prevaricación vinculado a la adjudicación y puesta en funcionamiento presuntamente irregular de una gasolinera. El juzgado, tras la denuncia presentada por Quiero Maracena, acordó investigar el patrimonio de familiares y personas del entorno de Linares para conocer si se beneficiaron de su cargo al frente del Ayuntamiento.

La investigación se basa los informes del equipo de Blanqueo de Capitales y el de Delitos contra la Administración (EDA) de la Guardia Civil de Granada, que han identificado operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales" que firma Linares. Los hechos se remontan a noviembre de 2012 cuando el Ayuntamiento adjudicó un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un centro comercial y un aparcamiento subterráneo que incluía una gasolinera.

El expediente quedó paralizado debido a un requerimiento judicial y la gasolinera comenzó a operar a finales de 2022 presuntamente sin tener la licencia de actividad en vigor. Esto ocurrió tras un informe técnico del ingeniero municipal que señalaba presuntas irregularidades y la falta de una licencia válida debido a su caducidad, según se desprende de los informes aportados por la Guardia Civil a la causa.

En el informe patrimonial, los investigadores han identificado diversas operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales" en alusión a la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o de vehículos de alta gama

Otro de los nombres que volverán a la información de tribunales será el de Juana Rivas. La madre y el hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, en un proceso judicial que empieza a eternizarse y que tuvo uno de sus puntos álgidos este pasado verano, cuando el hijo menor de la pareja fue entregado a su progenitor.

Crimen familiar en Las Gabias

Para el mes de febrero se espera el juicio por el crimen de Las Gabias, donde un hombre está acusado de matar a su hermana, embarazada, y a su sobrino de 3 años, procediendo después a incendiar la vivienda para tratar de destruir las pruebas. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogerá el juicio, con jurado popular, del 16 al 19 de febrero.

La Fiscalía pide para el acusado una condena a prisión permanente revisable y otros 48 años de cárcel como responsable de dos delitos de asesinato, uno de ellos en concurso con otro de aborto; un tercer delito de incendio y uno más de allanamiento de morada, con el agravante de disfraz y la de parentesco.

En la causa ejercen además la acusación particular el marido y padre de la víctima y la madre y abuela de los fallecidos.

El juicio del escape room

Ya en el mes de marzo, y también pospuesto de su fecha original, el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada acogerá el juicio contra los acusados vinculados al escape room de Cájar, en el que en 2022 una mujer salió abrasada tras ser rociada con un líquido que llevaba gasolina al que presuntamente prendieron fuego.

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para los tres acusados por un delito de lesiones por imprudencia grave y también solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en cerca de dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas, pero también psicológicas, según consta en el escrito de acusación.

El fiscal del caso hace hincapié en que los investigados no se cercioraron de la composición de la mezcla de agua con gasolina y en que el gerente y poseedor de la vivienda que albergaba el juego (uno de los tres acusados) permitió el desarrollo de la actividad pese a ser consciente de la ausencia de medidas de seguridad y sin formar a los trabajadores en este ámbito.

Aún sin fecha

Este 2026 podría ser el año en el que se dé carpetazo también a los últimos expedientes del caso Nazarí, del que actualmente quedan abiertas solo dos de las seis piezas que conformaban la macrocausa: la de San Jerónimo y Mulhacén.

Por su parte, está pendiente de fijar una fecha para el juicio sobre presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín, la única de las tres piezas del caso Marchelo, que se remonta a hace más de dos décadas, que no se cerró con un acuerdo de conformidad entre las partes.

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