Granada

La violencia en las consultas bate su propio récord

  • En 2017 se produjeron 76 casos, de los cuales 30 fueron físicos y en el primer trimestre de este año ya se han registrado 17

  • El 80% de los ataques son contra mujeres

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Discrepancias con la atención médica, problemas personales, que el facultativo no recete lo que el paciente le pide, que los resultados de los informes no sean acordes a sus exigencias o que el tiempo en ser atendido sea largo, así como el mal funcionamiento del centro, son los detonantes más frecuentes de las agresiones a personal sanitario. Una problemática que deja decenas de afectados cada año en Granada, una provincia que ve incrementadas las cifras de violencia en este ámbito desde hace tres años.

El pasado 2017, según los datos ofrecidos por el Sistema Andaluz de Salud (SAS), se registraron un total de 76 casos de agresión de pacientes contra profesionales de la sanidad, de ellos 30 fueron ataques físicos y 46 verbales. Según las últimas cifras registradas, en el primer trimestre de 2018, en Granada ya se han producido 19 agresiones, de las cuales 7 han sido físicas. Haciendo una estimación, al finalizar este año y si continúa la tendencia, 2018 registrará unos datos similares a los del pasado año. A pesar de esto, apuntan desde Salud que Granada ha sido durante este trimestre una de las provincias donde menos agresiones se han registrado.

CCOO, UGT y Sindicato Médico valoran como insuficientes las medidas del SAS La tasa de agresiones en 2017 por número de profesionales es de 6 casos por cada 1.000

2016 fue el año en el que menos ataques se produjeron. En total fueron 55 de los que solamente 16 fueron ataques físicos. Dicho año fue también el respiro tras dos temporadas negras para los profesionales de la sanidad pública. En 2015 se dataron 96 casos, con una mayoría de agresiones verbales, 70, y en el año anterior, 2014, fueron 80, de las que 21 fueron insultos o amenazas.

La línea evolutiva de las cifras del último lustro refleja un aumento de las agresiones físicas, mientras que descienden las verbales. La tasa de agresiones en centros sanitarios se sitúa en 6 casos por cada 1.000 profesionales.

Otros números ratifican este punto negro de la sanidad andaluza. El informe realizado por la Organización Médica Colegial, apunta que Andalucía lidera en ranking con 117 agresiones en 2017, seguida por Cataluña (98) y Madrid (84). Aunque hay que matizar que estas tres comunidades son las que cuentan con mayor número de personal sanitario.

En este sentido, el SAS argumenta que Andalucía no presenta, en relación con "la inmensa actividad desarrollada y en comparación con otros sistemas de salud, niveles elevados de incidencia" aunque para evitar cualquier agresión ya sea física o verbal, el SAS fue el primer servicio público de salud en poner en marcha el Plan de Prevención y Atención de Agresiones -con el consenso de todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad-.

Desde Salud condenan este tipo de comportamiento y dejan patente una política de "tolerancia cero". A este respecto, apuntan que la Consejería de Salud está llevando a cabo una campaña de sensibilización a través de redes sociales y en los propios centros sanitarios, con la que se pretende concienciar a la población en contra de las agresiones a profesionales sanitarios".

Estas medidas, con vocación de plan de choque, son en cambio insuficientes para los sindicatos UGT, CCOO y el Sindicato Médico.

Los tres entes coinciden en que la causa principal de este repunte radica en la falta de personal que desemboca en un peor servicio y en mayores demoras en la atención a los enfermos, lo que "caldea los ánimos de los pacientes", reseña Félix Alonso, de CCOO.

Este repunte se verá incrementado en verano, apunta Isabel López de UGT, debido sobre todo al "caos de los servicios" que se saturan especialmente en los meses estivales.

Para el Sindicato Médico de Granada, en plan contra las agresiones no sólo es insuficiente sino que los datos no son reales. "Más del 50% de los agredidos no denuncia por miedo", espeta Francisco Cantalejo, presidente del sindicato que además recrimina al SAS que se no se persone como acusación en los juicios de sus profesionales. "La administración sopesa electoralmente las consecuencias de denunciar directamente a los agresores", añade Cantalejo que subraya que el facultativo recibe dos agresiones, "la primera real y la segunda la de su empresa que no les respalda" y propone que se debería expulsar a aquellos que agreden del sistema sanitario.

CCOO se suma a las declaraciones de este último y ratifica que en su mayoría, las agresiones verbales no se denuncian. Y que al final, todo depende de la capacidad del agresor de cumplir la amenaza para que acabe el caso en el juzgado.

Alonso también reprocha que la mayoría de los centros de salud no tienen personal de seguridad que pare estos ataques, aunque depende de la zona, según su conflictividad. Reseña también que es "en las zonas rurales donde se producen menos agresiones por lo general", como por ejemplo, la Alpujarra, así como las áreas menos pobladas.

Respecto al personal agredido, aproximadamente el 80 % de las agresiones registradas en los meses de enero-marzo 2018 se producen entre el personal sanitario (médicos y enfermeros), y el 20 % en personal de gestión y servicios.

Por último, alrededor del 80% de las agresiones registradas entre el personal sanitario son mujeres. En el caso del personal de gestión y servicios, el porcentaje de mujeres agredidas es también preocupante, es del 66 %.

Como se ha comentado anteriormente, la tasa de agresiones por número de profesionales se sitúa en 2017 en Granada en 6 casos por 1.000 profesionales, casi 5,5 puntos menos que en el conjunto de la comunidad autónoma en la que se alcanzan 11,43 casos por 1.000 profesionales (cifra que se mantiene estable en los últimos tres años).

Estas cifras demuestran que los colapsos y las listas de espera en la sanidad granadina afecta a las relaciones que se establecen entre ciudadanos y profesionales, entre las que destacan las que tienen carga de agresividad (sobre todo en mujeres), un fenómeno que a pesar de todo no es específico de los servicios sanitarios y que debe abordarse como un problema multifactorial que radica en la educación civil.

El punto máximo se registró en los años 2014 y 2015

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