Inquieto por la deriva política que ha tomado el atentado del jueves en Niza, el Gobierno francés anunció ayer que reforzará la seguridad en todo el país y defendió las medidas de prevención que se adoptaron aquel día, ante las críticas cada vez más fieras que llegan desde la derecha y la ultraderecha.

Las autoridades han lanzado el mensaje unívoco de que una acción como la perpetrada por Mohamed Lahouaiej Bouhlel es difícilmente evitable. "Habrá sin duda más víctimas inocentes", reconoció el primer ministro, Manuel Valls.

Esa resignación ha sido utilizada por responsables del partido conservador Los Republicanos y, sobre todo, por la ultraderechista Marine Le Pen para acusar al Ejecutivo de no hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de los franceses.

Para contrarrestar esas voces, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo ayer que se reforzará la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio galo, en parte gracias a la incorporación de reservistas de la gendarmería y de la policía.

Esa reserva operacional, compuesta por 9.000 gendarmes y 3.000 policías, está llamada a dar un respiro a los saturados cuerpos del orden para proteger las fronteras, misión en la que también están empleados parte de los 10.000 militares desplegados en el interior de Francia.

La preocupación pasa ahora por la infinidad de festivales y eventos culturales que se organizan en verano en el país, que contarán con planes de prevención especiales.