Cuando todos los focos estaban puestos en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Granada, que desde el pasado 9 de enero enjuicia a los principales cargos de la antigua cúpula de la Alhambra, el Tribunal de Cuentas -con sede en Madrid- suelta una bomba en forma de sentencia contra la principal acusada, María del Mar Villafranca. La exdirectora del monumento es condenada a reintegrar a las arcas públicas públicas andaluzas 404.265,19 euros por su “grave negligencia en la adopción de acuerdos lesivos para el Patronato”. Y todo eso en el ecuador de un largo juicio penal en el que la exdirigente socialista se sienta cada día en el banquillo, acusada de graves delitos, con una petición fiscal de cinco años de cárcel.

Los hechos enjuiciados en ambas vías son coincidentes, al menos en parte, porque se trata del supuesto trato de favor a empresas privadas concesionarias de la Alhambra, entre ellas la de las audioguías, que es la misma implicada en el juicio de la Audiencia. Cada procedimiento lleva su propio camino, supuestamente independiente, que es el de la jurisdicción penal, por un lado, y el de la contable, por el Tribunal de Cuentas. [Aunque hay una tercera pata, que explicaré más adelante].

¿Es casual el momento escogido para resolver un asunto que este órgano nacional fiscalizador tiene sobre la mesa desde el 24 de abril de 2019? Hay que tener en cuenta que el juicio se ha ido retrasando y se ha suspendido hasta en dos ocasiones. La primera fecha fijada fue el 29 de junio del año pasado y no se pudo celebrar hasta el 16 de noviembre. Así pues, la sentencia podría haber llegado antes del juicio y sería peor para la acusada, porque las acusaciones tendrían más tiempo para buscar el modo de meterla en el sumario. Y es posible también que sus asesores no contaran con una rápida resolución en menos de dos meses.

Mar Villafranca, que durante sus once años al frente de la Alhambra (de 2004 a 2015) tuvo mucho peso institucional y político en el PSOE andaluz y nacional, ha recibido ahora el apoyo explícito de su partido, pero en Granada. A las pocas horas de conocerse esta última sentencia, su vicesecretaria general, Olga Manzano, salió públicamente a anunciar que Villafranca tiene previsto recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas y a pedir respeto por su presunción de inocencia en el juicio penal. Esto después de que el PP se lanzara a decir que esta sentencia era la confirmación de la “nefasta” gestión de los socialistas. Política. Y además, política en clave electoral.

La propia Villafranca lleva años diciendo que se siente “perseguida” y víctima de una conspiración, sin aclarar nunca la naturaleza o el color político de ese contubernio. La coincidencia de esta sentencia durante el juicio penal ha incrementado las sospechas sobre posibles intereses más allá de lo meramente jurídico. Pero no hay que rascar mucho para darse cuenta de que en realidad Villafranca puede haber recibido gran cantidad de fuego amigo, ya sea deliberado o no.

Por comenzar por lo más reciente, ¿quién es la consejera del Tribunal de Cuentas que ha dictado la sentencia condenatoria contra la granadina? Se trata de Rosario García Álvarez, que fue magistrada de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que en noviembre de 2021 accedió al Tribunal de Cuentas, gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para la renovación de este órgano. Y aquí viene la sorpresa, porque García Álvarez fue propuesta por los socialistas. Así que por esta parte, Villafranca no puede alegar que ha sido víctima del adversario político.

La auditoría interna

También hay que mirar al pasado. Nada más producirse su detención policial en 2015, el antiguo Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, con Rosa Aguilar como recién nombrada consejera de Cultura, encargó una auditoría general para conocer cómo se había gestionado el monumento durante la última década. Lejos de ser un paripé de esos que a veces se hacen para aparentar transparencia y luego concluir con que todo se gestionó a las mil maravillas, dos años después, en 2017, y aún con el PSOE en el poder andaluz, salió el resultado de ese examen, que resultó demoledor, con sospechas y censuras a la gestión de cientos de contratos que se habrían dado “a dedo” durante años. La Junta lo mandó al juzgado y se activó una enorme ampliación de la investigación policial y judicial con decenas de supuestos implicados, entre empleados públicos y empresas concesionarias. Esa nueva gran macrocausa, que se llamó Colina Roja, luego fue archivada por un problema de plazos judiciales y sólo se mantuvo activa la investigación original de las audioguías, mucho más modesta, que es la que ahora se enjuicia.

Las consecuencias de aquella auditoría no se quedaron ahí y tienen mucho que ver con lo ocurrido en los últimos días. La Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe de fiscalización de la Junta de Andalucía de 2017 recogió esa auditoría de la Alhambra realizada por la Intervención General. Así que el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, a la vista de todo eso, remitió un escrito en abril de 2019 a la Sección de Enjuiciamiento para pedir que se investigaran los hechos por si eran constitutivos de alcance contable. El Tribunal abrió las diligencias que han concluido con la sentencia condenatoria de hace unos días. El origen está, por tanto, en la auditoría encargada entonces por el Gobierno socialista de Susana Díaz, por mucho que después (ya con el PP a los mandos) la Junta haya mantenido una posición acusatoria en el proceso, con demanda propia. Otra curiosidad: la Fiscalía pidió para Villafranca una condena económica mucho más alta que la Junta de Andalucía.

Medio millón en el aire

Según el Tribunal de Cuentas hay varios contratos de la Alhambra que fueron gestionados en perjuicio de los intereses públicos y a favor de las empresas privadas. Uno de ellos es el de las tiendas, que fue adjudicado por Villafranca a una empresa privada, a cambio de un canon anual que debía pagar al monumento, pero del que descontó todo tipo de gastos.

En el año 2020, la actual directora del Patronato, Rocío Díaz (PP), liquidó ese contrato y declaró indebidamente deducidas cantidades por valor de 502.595 euros. La empresa, como es lógico, recurrió esa decisión y ha luchado por mantener ese medio millón de euros. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada dio la razón a la mercantil y la Alhambra ha apelado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. He aquí que el asunto tiene otra tercera pata judicial en la jurisdicción contencioso-administrativa y que en la práctica supone que las arcas públicas del monumento se están jugando medio millón de euros.

La importancia de la firma, aviso a navegantes

La consejera del Tribunal de Cuentas que ha dictado la sentencia contra Villafranca aprovecha para lanzar una consideración general sobre la importancia que los responsables públicos deben dar a la firma de documentos y la responsabilidad que ésta acarrea. “Resulta imposible aceptar que las firmas exigidas (…) constituyan un requisito superfluo sin significación jurídica. Muy al contrario, la firma (…) tiene una innegable relevancia a los efectos de garantizar el sometimiento de la actividad económico-financiera del Sector Público al principio de legalidad”. Advertidos quedan todos los altos cargos y políticos con potestad para gastar el dinero de todos.