En la recién iniciada XV legislatura parece abrirse de nuevo el debate territorial. Ya era hora. Llevamos más de un decenio enfrascados en cuestiones existenciales como la unidad o la independencia. Ahora, aunque algunos querrán seguir anclados ahí, vuelve a hablarse de financiación autonómica o de reparto competencial; retorna, en definitiva, el debate sobre el modelo territorial con participación de todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía siempre ha tenido un papel fundamental en estos debates. Y no sólo por ser la Comunidad más poblada de España sino por su posición de equilibrio entre las tendencias centrífugas y las centrípetas y su defensa de la igualdad territorial. Lo tuvo en el proceso de formación de las Comunidades cuando quebró el esquema preconcebido en la Constitución de dos tipos de Comunidades Autónomas, las históricas y las otras, y lo tuvo también cuando se aprobaron los Estatutos de segunda generación pues demostró que se podía elaborar un Estatuto muy similar al de Cataluña, sin que fuera cuestionado por el Tribunal Constitucional, más allá de algún aspecto puntual.

Por tanto, atendiendo a estos antecedentes, Andalucía debería tener influencia en el debate territorial también en este momento. Sin embargo, no creo que pueda tenerla por una cuestión básica: el Estatuto de 2007 no se está cumpliendo plenamente. Sin duda, contamos con el estatuto que mejor define el autogobierno de los territorios, una vez que el de Cataluña fue cercenado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, al menos desde el año 2011 apenas se ha aplicado. Pensemos en los derechos estatutarios que ocupan el Título I. No sólo están ayunos del desarrollo legislativo que exige el Tribunal Constitucional sino que las actuaciones políticas de la Junta van en dirección contraria a sus mandatos. En todos ellos se destaca la intervención pública para garantizar la igualdad, sea en sanidad, educación, formación profesional, servicios sociales o acceso a la vivienda. Sin embargo, el proceso de privatización y de desmantelamiento de los servicios públicos es cada día más evidente. Incluso en el reparto de competencias hemos visto a muchos escandalizarse por el acuerdo para traspasar Cercanías a Cataluña sin caer en la cuenta de que en el Estatuto de Andalucía el precepto es idéntico al de Cataluña y, en consecuencia, habría que preguntarse porqué Andalucía no reclama lo que dice su Estatuto.

En definitiva, Andalucía llega a este nuevo debate territorial con el lastre de no estar cumpliendo buena parte del Estatuto que aprobó el Parlamento, las Cortes Generales y fue ratificado en referéndum por la ciudadanía.