La continuidad y sostenibilidad de lo que conocemos como Estado de Bienestar construido durante las últimas cuatro décadas, está en juego a partir de la próxima legislatura.

El progresivo envejecimiento de la población española, por el aumento de la esperanza de vida, nos conduce al desafío de tener que resolver la viabilidad del sistema de pensiones en una situación en la que, en poco más de diez años, nos encontraremos con incrementos superiores al 40% del número de pensionistas y del coste del sistema, que puede pasar a situarse en un 15% del producto interior bruto.

Por otra parte, este envejecimiento poblacional tensionará al sistema sanitario al aportar un mayor número de personas con enfermedades crónicas que necesitarán más servicios asistenciales y de cuidados; servicios que sólo se podrán solventar con calidad si se reorienta el sistema hacia la cronicidad y si incorpora más profesionales para ese tipo de problemas de salud. En especial, serán necesarios muchos más profesionales de enfermería (aunque también de otras categorías).

Y finalmente, el desafío del envejecimiento hará necesarias muchas plazas residenciales –también más oferta de cuidados domiciliarios– para atender a más personas en situación de dependencia.

En estas tres áreas del Estado del Bienestar se necesitan reformas y apuestas concretas para superar el desafío que el envejecimiento poblacional supone. Pero desgraciadamente (al menos hasta ahora), de estas cosas no se habla cara a las próximas elecciones.

Y es que, además, las acciones y medidas que serían necesarias para adaptar nuestro sistema de bienestar a la nueva realidad y asegurar las respuestas satisfactorias que la sociedad del futuro inmediato merece, convendría abordarlas con un amplio consenso. Algo que parece utópico dada la actual situación de la política española.

Está en juego nuestro modelo de bienestar y lo peor, desde mi punto de vista, es que bajando impuestos como plantea el líder del Partido Popular y como aplican sus gobiernos en el ámbito de las autonomías, se puede aventurar que se compromete la viabilidad de las prestaciones vinculadas a pensiones, sanidad o servicios sociales. La sociedad merece saber las propuestas ante esta situación.