Res Publica

José Antonio / Montilla

Blindar competencias en la Constitución

EN su reciente visita a Cataluña, Susana Díaz, representante del Estado en Andalucía (aunque algún alcalde aún no lo sepa), ha planteado a Artur Mas, representante del Estado en Cataluña (aunque no quiera), diversas propuestas en la búsqueda de una tercera vía entre la independencia y el inmovilismo que ayude a superar la actual crisis territorial. En concreto, planteaba la Presidenta, entre otras propuestas, el blindaje de las competencias autonómicas, y por ahí se podía empezar. La respuesta de la Generalitat ha sido positiva: valora la buena voluntad pero pide una mayor concreción de esas propuestas. Me parece positiva la respuesta porque hace posible la continuación de un diálogo que pueda plasmarse en una propuesta de reforma constitucional.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña resulta necesario que la Constitución establezca el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Constitución debe decir con claridad las facultades competenciales que corresponden al Estado y, en su envés, las de las Comunidades Autónomas. De esta manera, no sólo se reducirían los conflictos competenciales sino que resultarían blindadas las competencias autonómicas. Cuando se pretenda alterar ese reparto competencial porque no resulte claro en un determinado punto deberá utilizarse con normalidad la reforma constitucional, como se hace en Alemania.

Y no es casual que Andalucía y Cataluña puedan impulsar esta reforma en cuanto el procedimiento más adecuado sería trasladar a la Constitución lo que dicen sus Estatutos de 2007 y 2006, respectivamente, en un título competencial muy similar pero que en un caso fue recurrido casi en su integridad ante el Tribunal Constitucional y en otro aprobado por unanimidad en las Cortes Generales.

El procedimiento es claro, e incluso simple: reformar la Constitución con la aprobación por una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado y referéndum de ratificación sólo si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores. Sería conveniente celebrar ese referéndum para que la ciudadanía ejerza el "derecho a decidir" en el marco constitucional. Es evidente que para culminar esta reforma constitucional resulta necesario el apoyo del PP. En cualquier caso, debe recordarse que, en definitiva, se trata de llevar a la Constitución lo establecido en el Estatuto de Andalucía que fue aprobado por unanimidad en las Cortes Generales, con el aplauso también de los diputados y senadores del PP.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios