Formulado así –grosso modo– la diferencia entre el Gobierno y el Estado es que el Gobierno, representándonos a todos, es ocupado o desempeñado periódicamente –democráticamente, se entiende– por un determinado partido político o coalición de partidos. Por el contrario, el Estado es el ente que englobando a la totalidad de las Instituciones, representa de manera permanente y por encima de cualesquiera ideologías, organizaciones o partidos políticos, a la totalidad de la Nación. Por esa razón, sólo por esa razón y si en el Partido Socialista Obrero Español –que tengo entendido que aún existe– quedase, todavía, un resto de dignidad democrática, un nervio del honor que en nada tuviese que ver con la profesionalidad o el apesebramiento de muchos cargos públicos, nunca se hubiesen permitido las condiciones para que se produjese la antidemocrática y lamentabilísima situación cual es que la Fiscalía General del Estado dependa del gobierno de turno, porque con esa acción se podría haber liquidado uno de los pilares que sostienen el Estado de Derecho, que es, según parece, a lo que aspira –con sus actitudes filo tiránicas– ese socialismo al uso que se ha dado en llamar –tan pomposa como ridículamente– ‘sanchismo’, que no representa, al cabo, otra ideología que la debilitación progresiva del Estado Democrático de Derecho y la esencia democrática de todas las instituciones que han de velar porque ese sistema, consagrado en la vigente Constitución, se respete, se cumpla y sea columna vertebral del Estado en que vivimos y aliento permanente de todas las acciones del Gobierno legalmente constituido.

Pero cuando este Gobierno sustenta sus acciones apoyándose, permanentemente, en el báculo de quienes son declarados enemigos de la Nación anhelando su aniquilación, el Estado de Derecho se diluye, cede y desfallece, más aún, cuando por la acción del propio Gobierno se condonan las tareas y los efectos de las judiciales sentencias firmes que no son sino garantes del cumplimiento del ordenamiento jurídico que ha de vertebrar el orden y la paz social.

Hace escasas fechas se han hecho públicas todas las nóminas de candidatos aspirantes a gobernar o al menos a formar parte de los 8.131 municipios que existen en nuestro país. En el modernamente denominado País Vasco, ese partido de indeseables que se conoce por las siglas Bildu, ha formado buena parte de sus listas de candidatos con antiguos defensores de la extorsión, el secuestro y el asesinato, es decir, con gente de la banda terrorista ETA, incluso algunos de ellos con las manos manchadas de sangre limpia de españoles honrados, verdaderos mártires de la democracia, cuyos conciudadanos, amigos y familiares pueden sentir ahora sus vidas gobernadas por esos que mataron y aterrorizaron y por muchos que apoyaron a los que asesinaron, aún impunemente, a mártires españoles que ya no tienen instituciones que los defiendan. Y que puedan ahora ser candidatos lo ha propiciado el Partido Socialista Obrero Español. Nunca lo he votado, pero ahora, incluso, me dolería la conciencia ¿O no?