Era complicado, pero hemos conseguido el más difícil todavía: introducir las medidas para luchar contra la pandemia en el intrincado laberinto de los procedimientos judiciales. Al parecer no ha sido suficiente la acalorada batalla política que ha representado la aprobación de las medidas de confinamiento como para introducir un nuevo elemento de confusión e inseguridad. Sin pretender ahondar en los múltiples debates jurídicos existentes, extraña la inclinación que determinadas fuerzas políticas tienen para complicar lo fácil y hacer imposible lo difícil. Era evidente que la Constitución y sus normas de desarrollo habían previsto la posibilidad de establecer de forma excepcional y previo acuerdo del Parlamento el estado de alarma, que permitía temporalmente adoptar medidas que podían limitar los derechos fundamentales que la propia carta magna establece, como el de la libre movilidad por el territorio nacional. Cuestión distinta, y ciertamente debatible, era si las medidas que se adoptaron eran las idóneas en duración y extensión o si merecía la pena matizar su contenido o acotarlo con los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas. Todo ello cabía razonablemente en el debate político. Pero la oposición, en una actitud de brocha gorda, decidió tirar por el camino de en medio, atacando la propia existencia del estado de alarma y tratando de impedir que este se aprobara para cobrarse así una sonora victoria sobre el gobierno. Se jugó con fuego de manera irresponsable y el ejecutivo se vio obligado a renunciar a prorrogar la situación ante el riesgo cierto de ser derrotado en la Cámara.

Pero de los grupos políticos que de forma tan contundente y clara se manifestaron contra el estado de alarma y lo acusaron de totalitario e irregular cabía pensar que tendrían clara otra salida a los problemas de la pandemia si esta se resistía a desaparecer. Lamentablemente, no ha sido así y cuando desgraciadamente ha sido necesario tomar decisiones importantes hemos entrado en enmarañadas discusiones que llenan de inseguridad y estupor a la ciudadanía. No es posible que la decisión sobre si se confina o no a determinada población al final recaiga en la decisión de un juez, distinto en cada ocasión y con interpretaciones legales diversas, cuando en nuestra Constitución está previsto que estas decisiones puede adoptarlas el Gobierno previa aprobación del Parlamento. Ante esta situación tan confusa y compleja alguien tendría que dar una explicación.