Si bien es legitimo que los gremios profesionales expresen su malestar ante los cambios legislativos que consideran lesivos para sus intereses, carecerán de legitimidad cuando distorsionan la realidad desde posiciones corporativistas e ideológicas radicalizadas. Esto es especialmente grave cuando afecta a las fuerzas de seguridad del Estado, que en cuanto detentadoras del monopolio legítimo de la violencia deberían ser especialmente escrupulosas en sus reivindicaciones.

Lejos de este escrúpulo quedó la manifestación del pasado fin de semana de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el apoyo en bloque de los partidos políticos de la derecha, contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, calificada por el sindicato de la policía JUPOL como "despropósito inamisible".

Una somera reflexión sobre el asunto muestra que JUPOL situó sus reivindicaciones ideológicas y corporativas por encima del bien común. La distorsión ideológica, queda claramente ejemplificada en la oposición a la incorporación de las lenguas cooficiales en el DNI, en tanto que resulta incomprensible por qué debería ser lesiva para los intereses de estos profesionales.

Por su parte, el corporativismo es manifiesto en la oposición a la reforma de los aspectos más lesivos y antidemocráticos de la Ley Mordaza, como es el caso de las actas policiales y las grabaciones de las actuaciones de la policía. Respecto a lo primero, JUPOL denunció que la reforma ponía en duda la veracidad de los atestados policiales. Más allá de la confusión que produce hablar de atestados (ya que en tanto que vinculados a delitos quedan fuera de una ley que se refiere sólo a sanciones administrativas), el texto reformado dice lo siguiente: "El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario".

JUPOL pretende que se presuma la veracidad de los informes policiales aunque estos carezcan de coherencia y razonabilidad. Quizás ello ayude a explicar por qué este sindicato se opone también a que la ciudadanía pueda grabar las actuaciones policiales siempre y cuando no generen un peligro para las fuerzas de seguridad y sus familias. Oposición sospechosa si tenemos en cuenta que dichas grabaciones permitieron en el pasado demostrar en sede judicial la falsedad de testimonios policiales.