La corrupción política daña profundamente los sistemas democráticos. La ciudadanía no puede aceptar que sus representantes actúen en aras de su interés personal en lugar de atender al bien común. Pero, por otro lado, los casos de corrupción resultan inevitables pues siempre habrá alguien que se aproveche de su posición. Por ello, más que negar la existencia del fenómeno, se trata de establecer sistemas de vigilancia y responder con rapidez ante los casos que puedan surgir en una administración pública, en un partido político o en cualquier otro ámbito. Por tanto, lo relevante es valorar cómo actúa la organización o institución; si lo ha hecho de manera firme o ha mirado para otro lado.

Cuando se conoció que el exdiputado Fuentes Curbelo se reunía en el Congreso con determinadas personas para sus intereses personales fue inmediatamente obligado a renunciar a su escaño y fue suspendido de militancia pues eso es corrupción que conlleva responsabilidad política, al margen de la responsabilidad penal que finalmente se dilucide. Luego, la máquina del fango ha querido extender la sospecha a otros representantes, pero esa es otra patología del sistema distinta a la que nos ocupa. Lo que me interesa destacar es que la mejor forma de impedir prácticas corruptas consiste en actuar con diligencia cuando se advierten, sin menoscabo de las garantías jurídicas que tiene toda persona.

Lamentablemente no siempre se actúa igual. Sabemos que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido cientos de miles de euros por hacer de intermediario en la compra de material sanitario por la propia Comunidad que preside su hermana. Al menos desde el caso Juan Guerra, parecía haber quedado claro que esa intermediación de familiares de responsables públicos con un interés personal era corrupción, con más motivo si ha cobrado una cuantiosa cantidad económica. Y ello al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación. Sin embargo, no se ha exigido responsabilidad política a la presidenta Díaz Ayuso sino que, por el contrario, como es sabido, la denuncia de ese hecho provocó la caída del líder del PP, Pablo Casado. Sin duda es un paso atrás pues se abre la veda a situaciones que habíamos superado hace muchos años.

En definitiva, la lucha contra la corrupción es una cuestión de actitud frente al fenómeno. Más allá del recorrido judicial que pueda tener un asunto resulta fundamental la exigencia de responsabilidad política ante comportamientos inaceptables para la ciudadanía. De lo que se tarde en sustanciarla dependerá la valoración del compromiso frente a la corrupción.