Esta mañana cuando íbamos al colegio, mi hijo mayor me ha pedido que le busque una manta porque en su clase hace frío. Imagino que todo el alumnado de Granada necesitará más abrigo en las aulas este invierno porque los protocolos de ventilación anticovid obligan a que las ventanas se abran al menos 10 minutos cada hora y 30 minutos durante el recreo. Sin embargo, en el Colegio Público Andrés Segovia la situación es mucho más extrema ya que la caldera se rompió en febrero y ahora la calefacción no se puede encender. Como las ventanas y los aislamientos de este edificio de 1971 son claramente deficientes, a primera hora de la mañana la temperatura interior de las aulas era de 15 grados, es decir, mucho frío para sentarse una hora en un pupitre.

En 9 meses las administraciones (in)competentes han sido incapaces de garantizar unas condiciones adecuadas para la enseñanza en este colegio público. El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía se acusan mutuamente de no hacer nada, y como siempre es la parte más frágil la que paga los costes de la inacción y la falta de trabajo conjunto de las instituciones, incluso ahora que están dirigidas por los mismos partidos... El resultado del mal gobierno es que 200 niños y niñas de entre 3 y 12 años, incluyendo un grupo de educación especial, están pasando demasiado frío en las aulas, y eso que todavía no han llegado las temperaturas mínimas que hielan Granada en esta época.

Las peticiones constantes del profesorado que lleva años avisando de los problemas de calefacción y aislamiento, junto con las movilizaciones de las familias han conseguido que la Junta de Andalucía haya iniciado el proceso para cambiar la caldera en Navidad. Pero hasta que se haga la obra, el CEIP Andrés Segovia sufre una emergencia que no podemos resolver con unas simples mantas: es necesario calentar las aulas. Con el frío, nuestros hijos y nuestras hijas se exponen a un riesgo innecesario de contraer enfermedades infecciosas, entre ellas la Covid-19 en un momento crítico de la segunda ola. La Asociación de Madres y Padres ha hecho responsables a Juan Manuel Moreno Bonilla y Luis Salvador de esta situación y de las consecuencias que puedan tener sobre la salud del alumnado y de sus familias. Espero que ambos gobernantes sean conscientes de la gravedad del asunto. Las instituciones están obligadas a garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud, dos derechos fundamentales que ahora mismo no están asegurados en el Colegio Público Andrés Segovia.