Las elecciones que se celebran mañana en el País Vasco podrán decidir, como señalan las encuestas, si los herederos de la banda terrorista ETA puedan obtener una mayoría que obligue al PSOE a decidir entre apoyar al PNV o a Bildu, cosa no menor porque quedan asuntos pendientes en la sociedad vasca y, por supuesto, en el resto de España, demasiado graves para intentar borrarlos de la memoria real de un país dolorido. Dolorido, sin duda, por el drama de la guerra civil, tras el golpe de Estado, y los crímenes indiscutibles del franquismo –e, incluso, los que se perpetraron en el otro bando–, en una dictadura que duró cuatro décadas. Pero no se pueden olvidar otros atentados contra la vida y la libertad de los españoles, como casi el millar de víctimas que causó la banda terrorista ETA. La memoria histórica y democrática no puede tener zonas intocables por el acomodo de la convivencia y, menos aún, por repugnantes intereses políticos puntuales. Que el candidato a lehendakari por HE Bildu se haya negado a condenar los atentados de ETA y considerarla una banda terrorista, como lo fue, es no sólo un insulto a la verdad, sino una afrenta a las víctimas. Bildu no lo ha hecho nunca ni lo hará, entre otras cosas por estar dirigida por un etarra como Otegi y haya promocionado los homenajes populares a los etarras condenados por gravísimos delitos.

Lo llamativo es que el gobierno sanchista –cuesta trabajo llamarlo Partido Socialista Obrero Español, mientras esté Sánchez– en esta ocasión puntual electoral haya censurado que el candidato a lehendakari se haya negado a condenar a ETA, de la que son herederos. Cinismo puro y duro, porque Bildu es socio puntual del Gobierno y los pactos son frecuentes, no sólo en los ámbitos nacionales, sino en cualquier lugar del País Vasco o Navarra, como ha ocurrido con la alcaldía de Pamplona.

Como el único principio que tiene Sánchez es mantenerse en el poder, pacta con quién haga falta y accederá a las exigencias de los que venden sus votos, en un claro chantaje al Estado y al país. Precisamente en esta semana el PSOE ha aceptado las peticiones del partido de Puigdemont y de Bildu de que acudan diversos fiscales a las comisiones de investigación del Congreso. Después del escándalo, inaceptable hasta para Bolaños, se busca la fórmula de dar marcha atrás. En todo caso se ha demostrado, una vez más, que Sánchez es maestro en darle patadas a la división de poderes y de deteriorar las instituciones.

Con esa falta de credibilidad es difícil gobernar un país democrático, ni siquiera considerando a sus ciudadanos amnésicos o tontos de remate.