Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Finanzas con dinero público

El cambio de criterio sobre la posibilidad de avales con dinero público se debe a la renovación del Tribunal de Cuentas

La noticia no ha merecido grandes titulares, sea porque había otras muchas que merecían más atención o fuere porque no interesaba destacarla. Lo cierto es que la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha aceptado como buenos los avales que presente el gobierno de la Generalitat, por 5,4 millones de euros, que debían prestar los 28 promotores del separatismo. Es decir, cuando a usted un tribunal le pide que le preste una fianza, para asegurar sus responsabilidades civiles y para que su solvencia quede intacta, sin crearles problemas futuros, consigue que un organismo público la preste por usted. Esto es lo que ha ocurrido a los promotores del independentismo en Cataluña, entre los que se encuentra los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont (huido de la Justicia; Oriol Junqueras, vicepresidente y consejeros como Raül Romeva, Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.

La instructora del caso, ponente en el asunto se había mostrado contraria a que las fianzas exigidas a los particulares se garantizaran con dinero público y así se rechazó por el resto de los componentes en la sección de enjuiciamiento. Luego, por las circunstancias que aclararé, ha sido admitido el recurso en base a que existe una ley catalana, aprobada por su parlamento por la que pueden prestarse estos avales con dinero público.

En alguno de los periódicos que edita el Grupo Joly la noticia del cambio de criterio del Tribunal de Cuentas aparece, por debajo de una información titulada "nuevo desplante de Aragonès al Rey". El autor del desplante es el presidente de la Generalitat, el que en dos ocasiones consecutivas no asistió al acto, evitando así saludarle, que en su caso quiere decir ignorarlo.

El cambio de criterio respecto a la posibilidad de avales con dinero público, es consecuencia de la renovación de la composición del Tribunal de Cuentas, que estaba pendiente mucho tiempo junto a la de otros altos tribunales. La primera ponente del recurso fue una consejera del Tribunal de Cuentas nombrada a propuesta del PP y su criterio era el ya consignado: el dinero público no podía servir de aval a los particulares. Sin embargo, conscientes que la mayoría de los miembros del Tribunal eran partidarios de darle esta facilidad a los independentistas catalanes, se nombró otra ponente distinta a la anterior que consideró oportuna esa prestación. En consecuencia, queda solo el Ministerio Fiscal para mantener el recurso.

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