La legítima reivindicación de una autonomía regional para Granada y su territorio -legitimidad histórica y constitucional-, nada tiene que ver con la independencia ni con un independentismo ni deseado ni pretendido por quienes reclamamos que Granada y su Reino formen una entidad territorial autónoma de Andalucía.

El pucherazo inconstitucional que consumó la autonomía andaluza no puede ser patente de corso eterna para consolidar una injusticia perpetrada hace 40 años y que implantó una comunidad autónoma artificial supliendo descaradamente la voluntad popular. Porque se decidió que, siendo el no el resultado de un referéndum que exigía el sí en todas las provincias consultadas -ya que en Almería triunfó el no y en Granada hubo hasta muertos y no censados que votaron sí-, había que cambiar a cualquier precio ese tremendo fiasco para los hacedores de Andalucía Y el coste fue la propia democracia.

Cualquier fracaso de tales dimensiones en un referéndum en los países democráticos de nuestro entorno hubiese conllevado que la comunidad andaluza no se materializase, pero aquí, por narices había que constituirla, aún empleando instrumentos inconstitucionales. Eso se llama dictadura.

Dada la ilegitimidad territorial de la autonomía andaluza, que Granada abogue por el Granadexit es legítimo, justo y legal, máxime cuando ocho siglos de Historia amparan nuestra propia autonomía territorial.El Granadexit no es independentismo, es una reivindicación constitucional y legal dentro de España. Exactamente igual que demandarían en Murcia, Madrid o Logroño, por cierto, con menos derechos históricos que Granada a formar una entidad territorial autónoma propia.

Si se tilda al Granadexit, cada vez más demandado por los granadinos, de independentismo o de independentistas, es que, o no se tiene la información suficiente -lo cual es muy posible-, o se pretende desacreditar un sentimiento intrínseco en el ser granadino, en el ser de esta tierra postergada y ninguneada desde que fue introducida en Andalucía como provincia periférica y preterida.

Y esa preterición en autonomía ajena es la causa de que Granada no progrese. Aquí impera la nada en comparación con el estatus privilegiado de Sevilla, y ahora también de Málaga.

La liberación de las cadenas andaluzas no equivale a la independencia, sino a una autonomía territorial en régimen de igualdad con el resto de comunidades, porque en la CE caben 17, y caben igualmente 18, o las que también reclamen otros territorios históricos, como por ejemplo León. Y es que libertad no es sinónimo de independentismo.