La campaña se ha embarrado en su recta final. No la embarró la derecha, como denuncia Sánchez, sino los jueces, fiscales y guardias civiles obstinados en cumplir con su deber de perseguir el delito, de Melilla a Mojácar y de Murcia a Maracena, pasando por todos los demás sitios donde populares y socialistas se han denunciado mutuamente por irregularidades en el proceso preelectoral.

Enfangará a unos y otros con toda seguridad, aunque de momento el calvario lo está pasando más el PSOE. Es al PSOE al que pertenecen los candidatos a alcaldes y concejales que han sido detenidos en Mojácar y Albudeite (Murcia) por supuesta compra de votos. Son los socialistas los socios de gobierno de Coalición por Melilla, cuyo consejero ha sido destituido y cuyo líder, ya condenado antes por el mismo fraude, ha tenido la humorada de pedir la anulación de las elecciones de mañana tras propiciar el acarreo de nueve o diez mil votos de otros tantos melillenses pobres. Finalmente, ha sido al número dos del PSOE andaluz, Noel López, a quien el juez de instrucción ha puesto en manos del Tribunal Superior de Justicia por los indicios se su participación en el secuestro de una concejala de Maracena, de donde López fue alcalde durante quince años.

Para el líder socialista de Andalucía, Juan Espadas, el calvario es particularmente cruento. Después del sonoro fracaso de su estreno como candidato a presidente de la Junta de Andalucía –primera mayoría absoluta del PP en la historia de la autonomía–, va un juez de instrucción e implica a su hombre de mayor confianza en la ejecutiva que sustituyó a la de Susana Díaz en un delito tan grave como el secuestro con móvil político.

Cierto que López –cuya gestión al frente de Organización en tiempos tan complicados ha sido perfectamente irrelevante– no está ni siquiera imputado y le asiste la irrenunciable presunción de inocencia. Es un enfermo mental –el secuestrador– quien le ha señalado como inductor, aunque también es el ex compañero sentimental de la alcaldesa de Maracena, sucesora de Noel López y fautora de la caída de la secuestrada de la candidatura socialista y posible damnificada de su anunciada amenaza de desvelar irregularidades urbanísticas.

Creo que las consecuencias electorales de estos escándalos no irán mucho más allá de los municipios afectados. El efecto político general, por el contrario, puede ser devastador. La puntilla, para algunos.