A la hora de diseñar un programa de transición ecológica en Andalucía, el desempleo, la desigualdad, la pobreza o la desarticulación de nuestro sistema económico son problemas tan importantes como la desertización, los efectos del cambio climático, la contaminación o el agua, porque los desajustes ambientales son paralelos a los desajustes sociales. No podemos separar unos de otros y por tanto las alternativas han de ser también conjuntas, coordinadas y sinérgicas. Sólo convirtiendo los peligros y riesgos ecológicos en oportunidades sociales y económicas será posible afrontar el reto que la crisis ecológica plantea. Para ello es necesario un marco institucional y normativo adecuado, orientado hacia el estímulo de la sostenibilidad y la eficiencia. Esto implica en Andalucía un avance en la federalización tanto a escala española como europea (plano externo de inserción) y, al mismo tiempo, un avance en la democratización y la cooperación (plano interno de articulación).

Las dos premisas de este programa han de ser, por un lado, el entendimiento de la íntima relación existente entre lo ecológico y lo social, de tal manera que los problemas ecológicos se conviertan, en tanto que dispositivos de movilización social, en oportunidades de desarrollo social alternativo. Por otro, el establecimiento de un marco institucional y normativo federal y democrático de desarrollo político de la comunidad.

En este sentido, los problemas ambiéntales más graves de Andalucía podrían situarse en virtud de dos ejes. El primero es el eje de abscisa: la ubicación geográfica y las condiciones ecológicas del territorio andaluz. Este eje requiere de capacidad de reacción y resiliencia, pues los impactos provienen de fuera de nuestra comunidad y se agrupan esencialmente en los efectos derivados del cambio climático: erosión, desertización, subida del nivel del mar, escasez de agua, pérdida de biodiversidad, perdida de productividad de los suelos, deterioro de los agro ecosistemas más representativos y productivos de la agricultura andaluza.

El segundo eje es el de ordenadas: los problemas ecológicos derivados del modelo económico que requiere un abordaje interno y proactivo a partir de políticas públicas y de acción y organización social. ¿Cuáles son las características de este modelo productivo andaluz? Esencialmente tres. Primero, un modelo periférico, con una fuerte especialización en sectores con una alta intensidad energética y material, bajo valor añadido y escasa inversión tecnológica, lo cual conlleva desempleo, precariedad, mano de obra poco cualificada, rentas bajas y pobreza. Segundo, un modelo extravertido, orientado hacia demandas y decisiones externas y con bajo desarrollo endógeno, lejanía de las cadenas de valor, irresponsabilidad de los centros de decisión hacia los costes ambientales y sociales, con circuitos de comercialización exógenos. Y tercero, un modelo desarticulado sin cohesión y coordinación interna, sin actores económicos fuertes y por tanto sin capacidad decisión y planificación autónoma.

La intersección de ambos ejes agrava, en el caso andaluz, los efectos ambientes y sociales del cambio climático y del modelo productivo dominante. Por ejemplo, el cambio climático puede suponer un incremento muy importante de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, acentuando los ciclos habituales de sequía y la escasez de agua para riego, provocando una disminución muy relevante de la capacidad productiva de nuestros agroecosistemas, ya de por si debilitados por el impacto de la agricultura intensiva.

Las políticas contra el cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, deben ser una prioridad y comportar un cambio en el modelo productivo; de lo contrario, los recursos disponibles en la actualidad (agricultura, turismo) se verán mermados. Por el contrario, la reconversión ecológica progresiva de estos sectores no solo será un instrumento útil contra el calentamiento y sus efectos locales, sino también una oportunidad de ensayar un modelo innovador y alternativo socio ambiental.

Estas características explican por qué en Andalucía no funciona la curva ambiental de Kuznet, que describe cómo a partir de cierto nivel de PIB per capita se produce un desacoplamiento entre renta e intensidad energética y material: a más crecimiento del PIB menos intensidad. Andalucía tiene un PIB de país desarrollado pero una estructura productiva de país subdesarrollado. Los costes ambientales y sociales de tal singularidad son elevadísimos, tal como se corresponde con el intercambio ecológico desigual: vendemos capital natural y social y nos venden capital tecnológico y capital financiero. El resultado final es que somos especialmente vulnerables a los cambios del entorno. Tal como ha demostrado la crisis que comenzó en 2007.