El presidente Sánchez no cesa en planificar su suicidio político -y de paso el de un desconocido histórico PSOE- al acceder a las insaciables peticiones de los socios independentistas catalanes, a los que debe su permanencia en La Moncloa. Lo último, tras conceder el indulto a los condenados por los graves delitos cometidos contra la integridad del Estado -en su primera de las múltiples patadas a decisiones judiciales- que permitía salir de la cárcel a los reos, y la desaparición del código penal del deliro de sedición, da luz verde a la rebaja de los delitos relacionados con la malversación de caudales públicos, es decir la corrupción política que tanta vergüenza ha causado en la sociedad española. Eliminada la sedición y la rebaja de enero el de malversación los delincuentes catalanes no sólo pueden transitar tranquilos, sino que estarán habilitados para desempeñar sus cargos públicos desde donde cometieron sus delitos. Podremos ver a Junqueras y hasta a Puigdemont -que podrá dejar su 'exilio' dorado de Waterloo- participar, de nuevo, activamente en la vida política. Como ninguno de estos individuos tiene intención de no reincidir en sus delitos -que ya no lo serán- pueden pisar a fondo el acelerador, cuando se convoque el referéndum de autodeterminación que reiteran en su desfachatez los líderes de ERC, incluido el actual presidente de la Generalitat.

Esta locura política se produce cuando el país está preocupado por cuestiones que atañen a su propia supervivencia económica, incluso a su subsistencia -no resuelta con los ínfimos recortes del IVA de productos básicos, excepto la carne y el pescado, que son productos exclusivos de ricos- a la espera que los españolitos la olviden pronto y no le provoquen un rechazo generalizado. La inquietud de los barones está más que justificada, por lo que intentan alejarse lo más posible del efecto monclovita en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Porque saben muy bien que aunque ciertos temas puedan parecer muy técnicos, otros como el de la corrupción política, es decir la malversación de fondos, bien sean en beneficio propio o de terceros -como ha ocurrido en el escandaloso y multimillonario de los ERE en Andalucía- será difícil de hacer tragar a una sociedad atosigada de impuestos, a la que no se les perdona un céntimo por el centinela de Hacienda. Rebajar esos delitos de corrupción o camuflarlos es un insulto a los ciudadanos que se sienten tratados como tontos de solemnidad, con la lluvia de embustes y falacias del Gobierno.

No es cuestión de derechas o izquierdas, sino de vergüenza o desvergüenza política. Las rebajas de enero en el código penal no deberían estar pensadas para corruptos. Aunque sean socios del jefe supremo.