Estaba cantado: la ambición irresponsable de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder ha pagado un precio histórico a los que odian a España, culminado con el acuerdo con el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, líder de Junts, partido de la derecha extrema catalana, racista y xenófoba, que será quien realmente decida el futuro de la España que desprecia y quién influya decisivamente en las decisiones que se tomen en la Moncloa. Comenté del peligro de dejar estas decisiones en manos de un personaje siniestro como el inquilino de Waterloo, que no ha cesado de vilipendiar a España y sus instituciones, culminando con la amnistía a todas las personas, civiles o políticas, que hubieran tenido algo que ver con el procés o la declaración de la independencia de Cataluña –referéndum que, por cierto, podrá realizarse–, amén de los asuntos económicos, absorbiendo el 100% de los impuestos, aparte de la no menos humillante aceptación de un observador internacional para verificar los acuerdos, como si de dos naciones diferentes se tratase.

Sánchez ha metido, por exclusivas razones personales de poder, al PSOE en un pozo ciego que puede ser fatal para el futuro del partido, como han advertido no sólo dirigentes históricos, como González o Guerra, sino actuales. La humillación a que ha sido sometido el partido será difícil de superar, porque abrir las puertas de par en par a la independencia de una región española es algo más que una irresponsabilidad que puede marcar un futuro lleno de inquietudes.

Sánchez podrá seguir durmiendo en Moncloa, pero el órdago envenenado que ha permitido y que puede abrir una profunda brecha en la estabilidad democrática española puede pasar a lo peor de nuestra convulsa historia. El ‘héroe’ Puigdemont se ha apresurado a convertir todas las tropelías del procés en un hecho lícito, del que los independentistas no sólo no deben arrepentirse, sino que volverán a hacerlo. En estas condiciones será difícil hacer tragar a los ciudadanos esa amnistía específica para todos los que en él participaron, dando la puntilla a los tribunales que los juzgaron.

Me temo que se ha pasado del ‘grotesco esperpento’ mencionado en otros comentarios, a un momento crítico en la convivencia nacional, del que habrá que excluir cualquier tipo de violencia, extirpando a los ultras de todo signo –cuyas execrables acciones no pueden ser escudo para convertir a los disidentes en fascistas, nazis o antisistema, que es la postura cómoda del Gobierno–, aunque sea legítima la protesta colectiva por estos atentados directos a la convivencia, lejos de la pacificación con la que ha pretendido Sánchez justificar estos atropellos al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia. En resumidas cuenta, una vergüenza nacional.