El reciente anuncio de la presentación de una proposición de ley en las Cortes Generales por parte del grupo parlamentario socialista y del grupo parlamentario de Unidas-Podemos para reformar el código penal modificando la actual consideración del delito de sedición, es un asunto que va a marcar el debate político en el tramo final de la legislatura.

Correrán ríos de tinta y asistiremos a horas interminables de tertulias y debates en los medios de comunicación con argumentos en favor y en contra de esta decisión. La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023 y las generales (previstas en principio para el final del año), condicionará probablemente un alto nivel de ruido y crispación en el debate político.

De entrada quiero señalar que estoy de acuerdo con esta iniciativa política porque, aunque hay otro tipo de consideraciones en este debate y tiempo habrá para analizarlas, es una medida que busca normalizar la convivencia y encauzar la problemática política que subyace en Cataluña desde hace años en un proceso en el que especialmente el independentismo ha cometido errores de bulto pero sin que haya que obviar los cometidos por el resto de fuerzas políticas y, en especial, por el Partido Popular.

Desde mi punto de vista, todo lo que sea trabajar por la convivencia social y política es algo esencial para la sociedad. En el caso del proces iniciado y desarrollado por el Govern de Puigdemont y apoyado por los partidos independentistas en 2017 no sólo fue un gravísimo error politico con respuesta política aplicando el artículo 155 de la Constitución que yo apoyé con mi partido en mi condición entonces de senador socialista, sino que fue un delito con sentencia condenatoria a los responsables. No ha quedado impune.

Pero lo acontecido en 2017 debe interpretarse también analizando los errores y los posicionamientos del Partido Popular cuando recurre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y desarrolla su campaña contra los productos catalanes y contra lo catalán, sembrando así con esos polvos los lodos en los que los independentistas nos metieron con la convocatoria ilegal del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Y me temo que a pesar de la reforma del delito de sedición, la actitud, las posiciones y el discurso del Partido Popular ante este asunto serán un incentivo al desencuentro. Algo que sería deseable evitar para que el futuro no siga mostrando a la sociedad española la incapacidad de la derecha política para tender puentes de entendimiento con la sociedad catalana.

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