Para no variar. Días en que costará trabajo coger el ritmo, pasar del trasnoche al despertador asesino de sueños, de la cuarta fila de sombrillas a la cola del cole, del desayuno saludable a la tostada manchauniformes. Cuesta mucho trabajo incorporarse a esta gestación de nueve meses en los que se desarrolla el nuevo curso escolar. Septiembre estrena libretas, uniformes, libros, reglas, carpetas, bolis… algo natural, la rutina de familias y maltrechas economías.

Lo malo es que este septiembre viene en cuesta. Por un lado, los precios de todo, desorbitados. Hay colas en los almacenes chinos. De algún lado deberemos recortar, aunque sea a costa, por desgracia, del pequeño negocio local. Por otro, la aplicación de la nueva ley educativa, que vino a imponer su aplicación inmediata en este curso, sin duda propiciado por un marcado discurso que mira más a las próximas elecciones que a la tranquilidad de la comunidad educativa.

Este ha sido el devenir del Decreto regulador del aprendizaje por competencias. Un decreto que llegó más que extremadamente tarde, provocando que a estas alturas del año académico un buen número de comunidades autónomas no han podido adaptarlo a su plan docente, lo que dará lugar a criterios y estrategias políticas sobre cuestiones que, pensamos los españolitos de a pie, requieren uniformidad en su aplicación. No sólo ello: el decreto propicia algo inédito: que los libros de texto en los cursos afectados por su inmediata aplicación salgan a la venta antes de aprobarse en cada comunidad el nuevo plan docente, lo que, de producirse cambios (los habrá), provocará que estos nazcan desfasados y con un periodo uso ridículo.

Quizá no sea el dato más relevante (salvo para las carteras de nuestras familias). Quizá me preocupe más el que se niegue a los docentes algo consustancial a su labor de educar: revisar en cada área qué libros, editoriales, etc, entienden que mejoran los procesos educativos y madurez comprensiva de sus alumnos. Y también nuestras familias, como siempre, últimos de la fila, consternados y visiblemente alterados. En medio de una economía que hace aguas, varias autonomías, entre ella la nuestra, ya anunciaron que, por esta marcada provisionalidad, no se llevará a cabo el proceso de renovación de libros de texto.

Culmen del despropósito: una ministra de educación que, en vez de afanarse y profundizar en soluciones para este tremendo desaguisado (que debería pasar por el aplazamiento de aplicación), se dedica a otros temas de su portavocía. Ya advertí, reseñado en esta columna, que la Ley Celáa, establecía una cronología cuya finalidad distaba mucho de ser legítima en cuanto al beneficio de los procesos educativos que pretendía modificar, y sí a las necesidades electorales del próximo cuatrienio. Pues bien: es lo que tenemos. Una más. Y con esta van…

Lo dicho. Como siempre. En Septiembre, volvemos al cole. Y a la guerra diaria. ¿O no?