El pasado 22 de mayo Granada se despertó sobrecogida por una ola de crímenes acaecidos la noche anterior. Su número y magnitud hacía sospechar que no los había cometido una sola persona, sino una banda organizada. Esa banda, con fría premeditación, había localizado algunos de esos raros tramos de acera libres de excrementos; se había procurado, como dice Virgilio, por cómplices los silencios de la callada Luna; y había intentado ganarse la simpatía del público al pintar sobre las aceras, con tiza, unos efímeros mensajes que pronto borrarían las pisadas de los viandantes y las tormentas primaverales.

Los augurios se confirmaron al saberse que las autoras de las pintadas eran jóvenes pertenecientes a dos grupos, como advierte la copla, "de nombre extranjero": Fridays for Future y Extinction Rebellion. Estas agentes del terror internacional habían escrito mensajes tan inquietantes como "Justicia climática", "Nuestro futuro no está en venta" y "Con el planeta no se juega". Más tarde confesarían que habían querido protestar contra un decreto-ley de la Junta que, según ellas, rebajaba la protección medioambiental en beneficio "del ladrillo". Además, pedían que se limpiara el aire de la tercera ciudad más contaminada de España y se sumaban a una acción estatal para concienciar sobre las consecuencias del cambio climático. Pues acciones semejantes se produjeron en otras ciudades, si bien en estas permanecen impunes.

La aterrorizada opinión pública se tranquilizó al saber que la Policía Municipal, consciente de la gravedad de los delitos, no había dudado en retirarse de servicios menos urgentes, como la supervisión de las medidas contra la Covid-19, para centrarse en la persecución de las jóvenes. El alcalde, Nuestro Salvador, hizo honor a su nombre cuando el consistorio que preside propuso sanciones de 900 euros por cabeza a las tres activistas identificadas (de 18, 19 y 25 años de edad).

Más tranquila aún está la opinión pública esta semana al conocer que la Subdelegación del Gobierno, en rara pero encomiable colaboración entre administraciones, ha impuesto multas adicionales por un total de 1.803 euros, aduciendo "incumplimiento de las limitaciones del estado de alarma".

Soy consciente de que un país donde las penas de cárcel, aunque duren décadas, saben siempre a poco se escandalizará por la levedad de las sanciones. Esta quizá se deba a que se pueden haber pasado por alto ciertos agravantes, que me permito apuntar: las infractoras, además, pintaron relojes y utilizaron varios colores (entre ellos, el naranja). Ahí lo dejo.