Ciento setenta y dos hectáreas no es mucho. Ni es poco. Como todo, depende. Equivalen a 1.720.000 metros cuadrados. Si están en el centro de la ciudad, su valor es muy alto. Si es un paraje protegido, guarda tesoros para generaciones futuras. Así que no es fácil ponerse de acuerdo en el valor de unas hectáreas de suelo. Incluso si consideramos los pinos que en ella crecen, los matorrales y hasta los innumerables animales que la habitan.

Pero una cosa está clara: cuando esos pocos metros cuadrados de terreno se queman, cuando se convierte en carbón lo que antes eran árboles y no queda rastro de vida, entonces sí sabemos con certeza que hemos perdido mucho. Mucho más si es en Granada, una ciudad con importantes problemas de calidad del aire y siendo ese uno de los espacios verdes que rodean el casco urbano.

Ciento setenta y dos hectáreas se quemaron entre el 29 y el 30 de mayo en el cerro de San Miguel, poniendo en riesgo incluso la abadía del Sacromonte y peligrosamente cerca de zonas habitadas.

Aunque el motivo fue una imprudencia humana, el más habitual de los motivos, lo verdaderamente importante es que Andalucía contaba, hasta hace muy poco, con un Plan Infoca en el que se han inspirado muchas actuaciones de otras Comunidades Autónomas, que ha desarrollado un trabajo encomiable a lo largo de muchos años, tanto en la extinción de incendios forestales como en otras emergencias medioambientales.

Ya en el año 2019 los sindicatos alertaban del riesgo que suponía para la conservación de nuestros bosques y nuestro patrimonio natural el desmantelamiento de ese 'Plan Infoca' con el cese de casi 500 empleados temporales. A pesar de las promesas electorales del PP y de las movilizaciones sindicales, a día de hoy siguen vigentes los problemas de contratación, falta de medios, no cobertura de vacantes…y aún más: en noviembre de 2021 cesan su actividad 700 bomberos forestales con contratos eventuales. Aunque en las ruedas de prensa se les denomina héroes, lo cierto es que la precariedad sigue siendo su marco laboral. Igual que es cierto que en 2019 solo se ejecutó el 0,8% del presupuesto destinado a labores de prevención. Y todo esto puede 'venderse' como una gestión económica de reducción del gasto público.

Tanto ahorro para luego tener que gastar en repoblaciones y medidas de control de la erosión. Y eso, cuando hay suerte y el viento ayuda. En fin, como bien decían nuestras abuelas: lo barato sale caro.