El campo y la xenofobia

Ha sido la patronal agraria de Castilla La Mancha, pero podría ser la de Andalucía, la que ha lanzado un llamamiento urgente para permitir la contratación de inmigrantes en situación irregular que posibilite salvar las cosechas. No encuentran mano de obra suficiente. Nadie quiere trabajar por los sueldos y condiciones que ofrecen. Y mientras el campo clama por brazos, la política se empecina en cerrar puertas.

La paradoja es evidente: se necesita a esos migrantes para recoger las cosechas, pero se les niega el derecho a trabajar. Se les quiere invisibles, útiles pero sin derechos. Justo al mismo tiempo, Vox promueve deportaciones masivas y el PP endurece su discurso migratorio, votando incluso contra la regularización por arraigo y rechazando una ILP que propone dar papeles a medio millón de personas. Se les señala como amenaza mientras se les necesita como solución. No es un fenómeno nuevo. Cada vez que el campo entra en crisis, se alzan voces pidiendo flexibilidad migratoria. Pero esa necesidad choca con un relato político que ha convertido al inmigrante en chivo expiatorio. Se criminaliza a quienes se mantienen en la irregularidad forzosa. Se utiliza su precariedad como argumento para la exclusión, y su exclusión como excusa para mantenerlos en la precariedad.

La patronal dice que muchos de esos migrantes ya están empadronados, tienen hijos escolarizados y acceden a la sanidad. ¿Cómo es posible entonces que no puedan trabajar legalmente? ¿Qué sentido tiene reconocerlos como parte de la sociedad en todo, menos en lo laboral?

No es solo un problema humanitario. Es también un problema económico. Si no se permite que estas personas trabajen legalmente, se alimenta la economía sumergida, se devalúan los derechos laborales y se perpetúa un modelo basado en la explotación.

La hipocresía es escandalosa: los mismos que niegan los papeles a quienes trabajan nuestros campos son los que luego exigen resultados al sector, o se rasgan las vestiduras cuando escasean productos o suben precios. No se puede tener un país moderno con leyes laborales del siglo XIX y discursos migratorios del XX.

España necesita una política migratoria coherente con su realidad económica y social. Y también una clase política que deje de jugar con la xenofobia como herramienta electoral. Porque sin esos “ilegales” a los que tanto se demoniza, el campo se muere.