Al César lo que es del César

Con esa expresión, Jesucristo, predicó que se debe reconocer y respetar la autoridad y las responsabilidades civiles, pagando impuestos y obedeciendo las leyes del gobierno y con la segunda parte de la frase, “y a Dios lo que es de Dios”, que también se debe reconocer y cumplir con las obligaciones espirituales. Visto lo visto en los últimos días, no parece que la santa madre iglesia, esté muy por la labor de seguir los mandatos de su fundador.

La reciente intervención del presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis?Argüello, reclamando elecciones anticipadas tras los escándalos del PSOE, resulta profundamente inquietante. Alega que el “perdón es humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante” , exigiendo que se acuda a las urnas “para dar voz a los ciudadanos” . Con estas palabras, la Iglesia se erige en juez político, legitimando sus conexiones con la derecha más rancia: Abascal, Vox, Hazte?Oír… con quienes la institución siempre sintoniza sin ambages.

Resulta intolerable que una institución amparada por un concordato –vigente por el mero capricho de la política– actúe con semejante descaro en la arena pública. Este acuerdo, firmado en 1979, enmascara un excesivo privilegio, traicionando el mandato constitucional de un Estado aconfesional. Mientras la jerarquía eclesiástica exige “voz” para influir en el devenir político, el Estado financia su operación global mediante exenciones como la casilla del IRPF, la consideración de “donaciones” –exentas de IVA– y la exoneración del IBI en inmuebles no religiosos, además de consentir que miles de bienes públicos sigan bajo su control desde las inmatriculaciones de Aznar, sin que medie restitución ni transparencia .

Lamentablemente la Iglesia española lidera un golpe pasivo al laicismo: sus posicionamientos ultraconservadores sobre aborto, memoria histórica, orientación sexual, eutanasia y género, no solo reflejan ideología retrograda, sino una tentativa de imponer, desde la voluntad de unos pocos, una moral legítima solo a quienes comparten su fe.

Este tipo de intervención eclesiástica pone de manifiesto la urgencia de reafirmar la laicidad del Estado. No es una postura anticlerical por defecto, sino una exigencia de justicia democrática: igualdad, transparencia fiscal, y respeto absoluto al mandato constitucional de un Estado aconfesional.