LOS países a los que queremos parecernos cuentan, en general, con un arsenal legislativo más escaso que el nuestro. La cuestión es que se lo toman en serio. Aquí nos gusta aprobar leyes a mogollón y no dejar prácticamente ninguna parcela de la actividad humana sin su norma correspondiente. Muchas no se cumplen. Todo está regulado, hasta lo que no tenía por qué estarlo, pero actuamos como si no lo estuviera.

Los primeros, los gobernantes. Son aficionados a impulsar leyes y dejarlas fallecer por desuso. No sólo esas leyes que el profesor Porras Nadales llamaba aquí hace semanas "proclamáticas", que se dictan como meras declaraciones de principios (tal que la ley andaluza que prometía una vivienda para cada familia, ¿se acuerdan?), sin tener en cuenta que lograr ese objetivo depende del mercado inmobiliario, los créditos bancarios y otros detalles ajenos a los buenos deseos de la autoridad. También ocurre con otras leyes mucho más concretas y precisas, e igualmente irrealizables en la práctica.

La Ley de Morosidad se aprobó el pasado 7 de julio con el loable propósito de obligar a las administraciones públicas a no retrasarse en los pagos a las empresas con las que contratan y evitar lo que es el pan -amargo- nuestro de cada día: la ruina de muchos empresarios, sobre todo pequeños y autónomos, que trabajan para los ayuntamientos, les suministran materiales o les prestan servicios. Si no cobran a tiempo se ven forzados a despedir a sus empleados y/o llegan a ser embargados (no por la emoción, sino por los bancos que reclaman con terquedad sus préstamos).

Según las organizaciones de autónomos, una empresa de materiales de construcción tardaba en cobrar sus facturas una media de 227 días en 2009; este año tarda 257, el triple de lo que marca la citada ley. Una compañía de limpieza tenía que esperar seis meses para que el Ayuntamiento que le concedió el servicio saldara sus deudas; medio años después de entrar en vigor la legislación contra la morosidad, está esperando más de ocho (cinco veces el máximo legal). Ya estamos a la cabeza de la Unión Europea en tiempo medio de demora. Miento: en Grecia la demora es aún mayor. ¡Vaya espejo en que mirarse!

Se legisla, sí, pero la norma queda en papel mojado. La Ley de Morosidad incluía una disposición adicional instando al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha una línea de crédito barato para los ayuntamientos con problemas de liquidez. No se ha hecho nada. La vicepresidenta Salgado ha dicho que sólo se aprobaría la medida si no elevaba el déficit público. Imposible, pues, pero eso ya tendría que haberlo pensado antes de elaborar una ley condenada a la inaplicación. Como tantas otras. Muchas leyes y poco cumplidas.