Montesquieu 
no ha muerto

Tras la condena al fiscal general del Estado estamos asistiendo a una serie de declaraciones por parte de miembros del gobierno absolutamente intolerable en un Estado de Derecho. Los furibundos ataques al Poder Judicial procedentes de estos dirigentes no sólo son el ejemplo del deterioro institucional que vivimos y que desgraciadamente en la clase política se toleran porque las reglas no escritas de la política que nos dieron en la transición han sido completamente quebrantadas, sino que además van un paso más allá: comportan la maniobra más clara de desmantelamiento de nuestra democracia, un auténtico golpe de Estado orquestado desde el propio Poder Ejecutivo contra otro de los poderes del Estado: el Poder Judicial, sometido constantemente a un inadmisible hostigamiento por parte de ministros y vicepresidentes, la mayoría sin ninguna o muy poca idea de Derecho, y cuyas decisiones se cuestionan como si se tratara simplemente de opiniones atacables, emitidas por enemigos, y no de resoluciones jurídicas procedentes de los Tribunales de Justicia, dictadas en el ejercicio de su independencia judicial.

Y todo porque hay que mantener el relato de que Ortiz es inocente, aunque el más Alto Tribunal de nuestro país haya sentenciado que es culpable. Y ese relato, inconstitucional y antidemocrático, debe prevalecer porque el autócrata lo ordena y porque así podrá esgrimirlo también en caso de que condenen a su mujer o a su hermano. Hasta la exministra Belarra ha declarado, al hilo de la condena a Ortiz, que ‘hay que reventar a la derecha’, como si la sentencia del Supremo fuera resultado de un contubernio entre la derecha y los jueces.

Pero Sánchez ha dictado sentencia: el Fiscal General es inocente, porque él, además de ser Poder Ejecutivo y Legislativo, también se ha erigido ya en Poder Judicial. Y encima lo hace bajo el envoltorio de que estamos en una sociedad democrática. Por eso, es él quien dicta las sentencias en España, que ni es juez ni sabe lo que es el Derecho, pero quiere concentrar en su persona todos los poderes del Estado.

A pesar de las intolerables presiones a las que este Ejecutivo está sometiendo al Poder Judicial, el Estado de Derecho sigue funcionando, y el Poder Judicial lo demuestra cada día, condenando o absolviendo conforme a Derecho, con independencia de la política y de los políticos. Pese a todo, Montesquieu no ha muerto