TRES décadas más un lustro, es decir, siete lustros, esto es, treinta y cinco años hace que se aprobó la Constitución actualmente vigente, una constitución que significó dejar atrás la dictadura y adentrarnos por las vías de la convivencia cívica en un Estado social y democrático de derecho. Mucho debe la sociedad española a esa constitución. Pero mucho debe esa constitución a la sociedad española, la cual, haciéndola suya y apoyándola lealmente desde su aprobación en las Cortes y su ratificación mediante referéndum, ha llegado, sin embargo, a un punto en el que es de perentoria necesidad la reforma en serio de esa norma fundamental. Tan en serio que, puestos a reformarla, no bastan retoques epidérmicos. A estas alturas no es suficiente una operación de ingeniería jurídica que agote los impulsos reformadores en un nuevo diseño del Senado como cámara territorial, por necesario que sea, o en el replanteamiento del sistema de financiación de las comunidades autónomas, por ejemplo. Hay que ir al fondo de cuestiones hasta ahora no resueltas en el Estado español.

Entre las cuestiones irresueltas destaca la 'cuestión de las naciones' existentes en la realidad política de España, la cual todavía espera un encauzamiento adecuado, aun contando con los buenos frutos del Estado autonómico en cuanto a descentralización política. Lo que quedó sin solución en el indefinido modelo de Estado de la Constitución de 1978 es lo que debe ser recogido a través de un nuevo pacto constitucional, netamente federal, que dé paso a un Estado plurinacional. El carácter inclusivo de éste ha de responder a una dinámica de efectivo reconocimiento político de diferentes naciones con voluntad de compartir un proyecto común. Hay inocultables indicios de que para ese pacto es necesario pasar por procesos en los que la ciudadanía de ciertas comunidades, como es el caso de Cataluña, explicite su voluntad colectiva en consulta convocada a tal efecto, de manera tal que, conocida ésta, se proceda a la reforma constitucional de calado que a la postre haya de ser refrendada por toda la sociedad española. De esa manera, la alternativa federalista que se proponga para el Estado español, atendiendo a la necesidad insoslayable de configurarlo como plurinacional, irá acompañada de la suficiente credibilidad como para que en el futuro, de salir adelante, no se cuestione su legitimidad.