Desde el 1 de octubre de 2017, los catalanes han votado en dos ocasiones a su Parlamento autonómico y, aunque el candidato más votado ha sido el constitucionalista, los independentistas han logrado una mayoría suficiente para elegir presidente en ambos comicios. Esta persistencia del voto soberanista es una certeza de la complicada cuestión catalana, saben lo que votan y votan independencia. Su resilencia es un pitido insistente para cualquier demócrata, y cuando los tres partidos del centro y la derecha se concentren en la plaza de Colón para protestar contra el posible indulto, habrá que considerar que todos ellos suman 20 escaños en un Parlamento de 135. Esa voluntad popular no puede soslayarse con el argumento de que sus dirgentes son unos delincuentes.

El Estado español supo defenderse del golpe parlamentario de otoño de 2017. Aplicó el artículo 155; procesó a los líderes independentistas; los condenó a penas graves, de más de 10 años de prisión; restableció la normalidad, e inabilitó al presidente de la Generalitat que sucedió a Puigdemont. La Justicia actuó donde no quiso entrar el Gobierno de Mariano Rajoy, que penduló de la inacción a la hiperventilación de enviar a guardias y policías a pegar palos a media jornada de un referéndum para no conseguir nada. Digámoslo: Cataluña no es hoy independiente de milagro, porque la banalidad de los dirigentes soberanistas era mucho mayor que la negligencia del Ejecutivo español. Cuánto daño hicieron esas imágenes del domingo por la mañana en Barcelona y esas arengas del A por ellos en los cuarteles.

El indulto a los dirigentes encarcelados desde hace más de tres años y medio es un instrumento político legítimo del Gobierno. Claro que se puede argumentar su utilidad pública, porque se trata de calmar las relaciones en una sociedad tensada y de intentar entenderse con un Ejecutivo autonómico tan legal como el que más. No se trata de convencer al independentista, sino de persuadir a quienes estuvieron con ellos.

Ahora bien, los acercamientos no siempre ha salido bien. Zapatero quiso acabar con la secular cuestión catalana, y creó un problema de tal magnitud con su Estatuto que fue el prólogo de la mayor crisis vivida con este asunto desde la Segunda República. Pedro Sánchez está legitimado para probar nuevas vías, pero debe palpar muy bien cuál es la receptividad real de ERC y los otros independentistas, porque si ellos no mueven ficha y se siguen comportando con chulería, lo mejor será que cumplan la condena de modo ordinario. Ellos, su mundo, también debe ceder.