El incidente chusco en el que por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid se impidió al ministro de la Presidencia subir a la tribuna de autoridades durante los actos del Dos de Mayo no hubiera ocurrido si las autonomías no se hubieran convertido por la vía de los hechos en pequeños reinos que se revisten con todos los símbolos del poder. Los presidentes autonómicos se han olvidado de que son los representantes ordinarios del Estado en los territorios para convertirse ellos mismos en Estado. Es importante ese carácter simbólico porque a ello dedican los gobiernos de las comunidades de España ingentes recursos y permanente atención. Los presidentes autonómicos -todos sin excepciones- sucumben con suma facilidad a los oropeles del poder. Organizan tomas de posesión fastuosas, como la de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, entregan medalla y distinciones a troche y moche, dan discursos institucionales poco antes de las uvas de fin de año ante las cámaras siempre dóciles de las televisiones que los glorifican o celebran recepciones oficiales que hacen palidecer a las del Palacio Real del 12 de Octubre.

¿Cómo se ha llegado a esto? El paso de los años ha ido decantando una cultura política en la que hemos olvidado que las autonomías, tal y como quedaron diseñadas en el café para todos del profesor Clavero Arévalo, eran entes de descentralización, encargados de acercar la Administración a los administrados para hacer más fácil la solución de los problemas. Ello fue derivando en instituciones macrocéfalas que se dotaron de himnos, banderas, parlamentos, policías y todo lo que hiciera falta para replicar en pequeño al Estado. Además, se hizo en una carrera de emulación en la que si Cataluña subía un peldaño detrás iban todas las demás. No sólo en los niveles competenciales, que también, sino sobre todo en los simbólicos y de representación.

El resultado es una estructura de taifas en la que, como se ha visto esta semana, el Gobierno puede colisionar con una comunidad autónoma en una cuestión protocolaria y la que impone su voluntad es esta última. Dudo que la voluntad de los constituyentes de 1978 fuera por esta vía, pero, hoy por hoy, es una realidad a la que el país se ha adaptado sin mayores sobresaltos y que ha asumido con naturalidad. Por lo tanto, no es una situación que se vaya a modificar. Pero por lo menos, por la propia estabilidad institucional del país, no debería de ir a más y quizás sería conveniente aclarar el papel de cada cuál para que incidentes tan bochornosos como el de Madrid no puedan repetirse.