Periodismo y Parlamento

Un periodista parlamentario tiene derecho a ser parcial. La neutralidad puede ser considerada una exigencia deontológica, pero no puede imponerse a los profesionales de la información la equidad en el celo con el que controlan a los representantes. Someter la acreditación de un informador a un parámetro de equidistancia, como ha sugerido Gabriel Rufián, es una aberración constitucional. El Parlamento, no obstante, no es cualquier foro público. La inviolabilidad de diputados y senadores, la autonomía normativa de las cámaras, la tutela penal de estos espacios o el necesario suplicatorio para el procesamiento de los representantes, son sólo algunos elementos que denotan la relevancia constitucional que posee la indemnidad del foro parlamentario. La protección de esa indemnidad, desde luego, no puede extenderse frente a aquello que el eventual gobierno de la Cámara quiera considerar como mal periodismo, pero sí frente a actos que, fuera del perímetro del derecho a informar, condicionen en el normal ejercicio de las funciones parlamentarias. Creo que a este objetivo muy razonable apunta la disputada reforma del artículo 98 del Congreso que se está tramitando. Como es habitual, la pedagogía democrática de esta iniciativa, planteada dentro del marco conceptual gubernativo que distingue medios y pseudo-medios, ha sido nefasta. Su propia redacción deja mucho que desear. En ella se distinguen hasta catorce conductas típicas, algunas tan abiertas que dejan en manos de la mesa del Congreso un indeseable margen para poder actuar contra periodistas que, sin superar el legítimo margen de su desempeño informativo, puedan resultar molestos. El Parlamento, en cualquier caso, es un foro sagrado en términos democráticos. Una Cámara que se respete a sí misma no ha de acreditar a quien, tenga la tendencia ideológica que tenga, abuse, como se está haciendo, del derecho a la información para, mediante el escrache o el acoso líquido o cotidiano, impedir el normal ejercicio del cargo a cualquier parlamentario. No obstante, y a la vista de la antología del impudor que pudimos contemplar en la pasada sesión de control, tan rica en Eros y Tánatos, conviene sincerarnos respecto a los problemas de nuestro parlamentarismo, que son endógenos. Lejos de servir para hacer una síntesis ordenada de la complejidad social o la polarización, elevando el conflicto al lenguaje de la alta política, nuestro Parlamento es hoy un factor condicionante de la mediocridad general y el cainismo de nuestra conversación pública.